Excomandantes de las AUC tendrán que comparecer ante la JEP por crímenes cometidos en Nariño

Para este lunes 19 de diciembre quedó programada la audiencia en la cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará los testimonios de seis excabecillas del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por crímenes cometidos en Nariño y que hacen parte al macrocaso 02, el cual investiga la situación territorial en los municipios nariñenses de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte.

Dicha diligencia colectiva es encabezada por la Sala de Reconocimiento (que lidera el caso) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del tribunal especial. Allí comparecen Horacio de Jesús Mejía, Albeiro José Guerra, Guillermo León Marín Pulgarín, Rodolfo Useda Castaño, Jorge Enrique Ríos Cordoba y Guillermo Pérez Alzate, conocido como Pablo Sevillano.

De acuerdo con la jurisdicción, los excabecillas mencionaron en Justicia y Paz que entre 2000 y 2004 tuvieron vínculos con agentes del Estado para adelantar crímenes en los municipios priorizados en el macrocaso de la JEP.

Sumado a eso, vale señalar que en 2009, Sevillano confesó que había cometido 39 crímenes en Nariño, incluyendo el de la lideresa Yolanda Cerón, el periodista Flavio Bedoya y el gerente de Avianca en Nariño, Alfredo Calderón. En dicha diligencia, llevada a cabo mientras cumplía su condena en Estados Unidos, también reveló su relación con una masacre cometida en Tumaco en 2001.

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De acuerdo con lo recopilado por Rutas del Conflicto, un grupo de paramilitares proveniente de la frontera con Ecuador llegó al corregimiento Llorente sobre las cinco de la mañana del 24 de marzo. Con lista en una mano y motosierras en otra, llamaron a 31 campesinos a amenazarlos. Mientras esto ocurría, llegaron guerrilleros de las Farc para enfrentarse con los ‘paras’ por cerca de medio día. Después del enfrentamiento, los campesinos fueron asesinados.

Pese a los pedidos del entonces gobernador del departamento, Parmenio Cuéllar, para que la fuerza pública protegiera a los pobladores de ese caserío, no llegaron sino cinco días después de la masacre. Previo al hecho, un coronel le había indicado que el Ejército no tenía jurisdicción en esa zona.

Estos y otros hechos integran el macrocaso 02 por el cual fueron llamados los seis excomandantes de las Autodefensas. Al respecto, la jurisdicción especial precisa que esta diligencia también busca “complementar información que contribuya al proceso de contratación de las versiones hechas por la JEP, y demás datos recolectados en la investigación” en la que miembros del Ejército reconocieron las alianzas con paramilitares con fines criminales.

Vale recordar, por otro lado, que recientemente esta jurisdicción le cerró la puerta definitivamente a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. De acuerdo con la Sección de Apelación, el otrora líder del Clan del Golfo fue un paramilitar puro y continuo, más nunca un colaborador o financiador de Autodefensas.

De acuerdo con la decisión conocida el pasado viernes 16 de diciembre, “el señor Úsuga David mantuvo su rol de paramilitar todo el tiempo, entre su desmovilización en el 2006 y su reconocimiento público como cabeza del Clan del Golfo en el 2009. Nunca cambió de condición personal”. De esta manera, se tuvo en cuenta la condición de ‘Otoniel’ como sujeto fundamental en la conformación y expansión de grupos paramilitares tras la desmovilización en 2006, convirtiéndose en jefe del Clan del Golfo.

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