Este lunes 19 de diciembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó el nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en la carrera 56 #22-96 en la localidad de Teusaquillo. Esta nueva edificación será el punto de confluencia de las diferentes especialidades de la institución, la Dijín será la primera en trastearse a este moderno estructura, pero se prevé que todas las secciones de la Policía logren instalarse en marzo de 2023.
Aunque los uniformados reciben entusiasmados esta nueva infraestructura, era una deuda de doce años que tenía la ciudad con la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG).
La obra fue contratada en el 2010 en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, uno de los implicados en el Carrusel de la contratación en Bogotá, suscrito por el Fondo de Vigilancia de Seguridad (FVS) a la empresa Sociedad Castell Camel SAS, que contó con reiteradas suspensiones que se unen a una lista de incumplimientos en otras obras por parte de esta compañía.
El 28 de diciembre del mismo año, la FVS entregó el 50 por ciento de adelanto a la compañía para la obra que tenía un presupuesto de $43.794 millones. La compañía aseguró que en 15 meses entregaría la nueva sede del Comando de la Policía a la ciudad, pero no fue así.
Llegó el 2012, y tras hacer una curaduría a la obra por parte de la Administración, se encontraron con que esta estaba totalmente paralizada, pero lo más grave es que mostraba claras deficiencias en su infraestructura. A pesar de ello se hace una prorroga hasta el 31 de diciembre de 2016.
Durante la alcaldía del Gustavo Petro, se hizo advertencia fiscal por parte de la Contraloría General de la República por la irregularidad de la ejecución del contrato que causaría un grave riesgo de pérdida de recursos públicos estimado en $4.561 millones, pero no hubo una respuesta oficial por parte de la Administración.
Luego en 2016, la Contraloría señaló una nueva parálisis del proyecto de 16 meses desde el 28 de diciembre de 2012 hasta abril de 2014, y procede a sancionar a la Sociedad Castell Camel SAS por dicho incumplimiento del contrato. A su vez deja de funcionar el Fondo de Vigilancia de Seguridad (FVS).
A la llegada de Enrique Peñalosa por segunda vez a la Alcaldía de Bogotá se le pone de nuevo la lupa a esta obra, y el nuevo burgo maestre señaló: “Este es otro ejemplo de corrupción, de desidia, de la mala Administración… Unas obras abandonadas desde hace muchos años”.
En el 2017, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá declara el incumplimiento de la obra por parte de Castell, mediante la resolución 513 del 23 de noviembre de 2017 y ratificada por la resolución 569 del 20 de diciembre.
La misma Secretaría pone en marcha la cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento del contrato por parte de la constructora por un monto de 5.782 millones de pesos.
Mientras esto sucedía, Escuela Colombiana de Ingenieros realiza un estudio de la infraestructura y señalando la imperante nesecidad del reforzamiento de lo que ya está construido que tendría un costo de 800 millones de pesos.
La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia abrió la licitación el 14 de noviembre de 2018 y la adjudicó el 12 de diciembre con un presupuesto de $127 mil millones al Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital que está conformado por Edificadora Urbe S.A.S., Constructora Amco LTDA, Constructora Conacero S.A.S. y AMR Construcciones S.A.
El consorcio se había comprometido a entregar la obra a mediados de 2020, pero por la pandemia del coronavirus no fue posible.
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