Presos en las protestas sociales le enviaron carta al presidente Gustavo Petro: “No se puede hablar de paz sin liberar a quienes aportamos al cambio”

Un grupo de personas capturadas en medio de las manifestaciones del paro nacional del 2021, que se encuentra recluido en la cárcel de Palmira, le envió una carta al presidente Gustavo Petro. En esta se declaran “presos políticos” y plantean una serie de problemáticas por las que participaron de las manifestaciones y que piden solucionar.

El documento fue compartido por el senador Gustavo Bolívar, a quien también está dirigida la carta, junto con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; y los senadores Iván Cepeda, Roy Barreras y María José Pizarro, quienes hacen parte de la bancada de gobierno.

“No se puede hablar de paz total sin liberar a los que aportamos al cambio y a la paz en Colombia”, dicen los firmantes. Por eso exigen que sean incluidos en los diálogos encaminados a superar el conflicto, así como convocan a las mesas de conversaciones para que se incluya la liberación de los presos políticos en las agendas del acuerdo.

En el documento, ellos piden garantías para la protesta social y libre asociación, pues consideran que ese derecho fue criminalizado al ser judicializados varias de las personas que participaron de las movilizaciones en el 2021. Además, plantean la separación de la Policía del Ministerio de Defensa, la eliminación del ESMAD y del servicio militar obligatorio.

En los temas relacionados con educación, piden la eliminación de las deudas del ICETEX, la gratuidad y aumento de la cobertura en la formación universitaria. Además, rechazan los reportes negativos de centrales de riesgo bancarias, exigen oportunidades laborales y “formalizar” los trabajos informales para acceder a préstamos.

Los firmantes hicieron un recuento de los hechos ocurridos en el paro nacional del año pasado, en el que señalan que ocurrieron más de 80 muertes y hubo más de 1.700 heridos, por lo que aseguran que las entidades encargadas “abandonaron su ejercicio para encubrir lo sucedido”.

“Sabemos que se ejerció la legítima defensa de la vida por parte del pueblo y, es por ello, que nos preguntamos de manera constante porque nos condenan cuando quienes no cumplieron su deber no fuimos nosotros sino el régimen y hoy a los que defendimos la vida nos quieren condenar como lo peor, ¿por qué?”, dice el texto.

“No pedimos que se nos vea con lástima. Pero si pedimos que nuestros casos se miren como lo que son, casos políticos; pues nuestro encierro fue producto de la represión del estado contra su gente, fue el producto mezquino de fomentar el miedo a no expresarse, fue infundir con nuestras muertes y encierro, el miedo a intentar cambiar el rumbo político y económico de nuestro país”, señala la misiva.

Los firmantes del documento sostienen que sus casos deben ser vistos desde una forma diferente a la política criminal. “Queremos ser vistos diferentes en el trato de nuestro juicio, que se nos contemple como actores políticos de la legítima defensa de la vida, no queremos impunidad, todo lo contrario, queremos saber qué pasó, queremos saber la verdad y que los responsables paguen”, afirman.

Piden que no se centre la discusión en su culpabilidad porque aseguran que no son “ni inocentes ni culpables”. Además, sostienen que la primera línea no existe como un grupo, sino que fue una forma de organización que adoptaron los manifestantes durante el llamado estallido social.

En ese sentido, a través de la carta exigen una mesa de diálogo urgente en cada una de las cárceles donde se encuentran detenidos por las manifestaciones sociales, en las que se designen voceros. Plantean una visita del comisionado para la paz y que se libere a quienes se encuentran en esa situación.

La carta se dio a conocer cuando se inició la designación por parte del Gobierno nacional de gestores de paz y de una visita a Puerto Resistencia, en la que estuvo presente el ministro del Interior, Alfonso Prada y, desde allí, señaló que buscarán analizar caso a caso para evitar que haya impunidad y que pueda permitir la liberación de las personas que pudieran estar detenidas por manifestarse.

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