Paloma Valencia se pronuncia frente a los miembros de la primera línea que quedaran en libertad: “El respeto a la ley es que quien comete un delito sea responsable”

Hace algunas semanas, el presidente Gustavo Petro comentó sobre la posibilidad que de que algunos miembros de la Primera Línea, que están en las cárceles, debido a los delitos que se les acusa en medio del paro nacional 2021, fueran liberados antes de que finalice en 2022 con la condición de que serán gestores de paz en los diferentes procesos de diálogo. La idea del presidente ha creado diferentes opiniones, tanto a favor como en contra, pues incluso, algunos creen que el mejor camino hubiera sido pasar esta propuesta por el Congreso.

Uno de los más críticos ha sido el Centro Democrático, incluso, la senadora Paloma Valencia, volvió a tocar el tema este sábado en sus redes sociales y aseguró que la ley debe ser respetada sin importar las preferencias o las tendencias políticas.

En su cuenta oficial de Twitter, la representante de derecha comenzó haciendo una reflexión en cuanto a la igualdad jurídica:

En esta línea puntualizó a guion seguido que: “El respeto a la ley es que quien comete un delito sea responsable sin mirar su partido político o filiación ideológica”.

Recordemos que hace unos días se dio dieron a conocer los nombres que los jóvenes que quedarían en libertad: Santiago Márquez, Arles Andrés Bolaños, Adriana Esperanza Bermeo, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque Ruíz y Ever Hinestroza.

Esto, tras la publicación del decreto firmado por el presidente para otorgar la libertad a varios de los jóvenes capturados, donde se estableció la importancia de crear una comisión intersectorial para promover la reconciliación y la participación ciudadana, en la que participará el ministro del Interior (Alfonso Prada), el ministro de Justicia (Néstor Osuna), el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y el director del Dapre (Mauricio Lizcano); todos ellos podrán designar delegados.

En el documento se señala que una de las funciones de la comisión será: “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros, en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Sumado, señala que este grupo deberá definir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Según el decreto, la Comisión deberá reunirse regularmente por lo menos una vez trimestralmente y podrá hacerlo de forma extraordinaria si alguno de sus integrantes lo requiere. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz estará a cargo de la secretaría técnica y las decisiones del órgano se tomarán con la mitad más uno de los asistentes.

Los voceros pueden ser, según el decreto:

- Personas de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participen en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos.

- Un ciudadano que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia.

- Quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere, puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.

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