Néstor Humberto Martínez califica decreto presidencial para liberación de jóvenes como “impunidad de ‘primera’”

Siguen las oposiciones y comentarios ante el decreto presidencial del jefe de Estado, Gustavo Petro, con el que se busca que los jóvenes detenidos durante las protestas de mayo de 2021 -Paro Nacional- sean liberados, pero solo los que no se han judicializado, y convertirlos en “gestores de paz”.

Recientemente, en su columna de opinión de El Tiempo (ET), el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira señaló su clara oposición al decreto que quiere ayudar a liberar a miembros de la Primera Línea.

Martínez Neira considera que este decreto es el camino a la “impunidad” para los miembros de la Primera Línea, quienes -en su opinión- son responsables de la “barbarie” de hechos que también se vivieron en el 2020, y quienes “ayudaron” al actual presidente a “ganar en segunda vuelta”. Este apoyo, para el exfiscal, fue reciproco cuando Petro -en su discurso de victoria- pidió públicamente al fiscal (Francisco Barbosa) que: “Libere a la juventud, liberen a los jóvenes”.

Néstor Humberto resaltó que la respuesta casi instantánea del fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, apeló a la institucionalidad y al Estado de derecho, al señalar que en ello él no tenía que ver y le sugirió al nuevo presidente que para lograr su cometido debía “pedirle al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general. Lo invito a que tramite sus debates institucionalmente”.

Martínez Neira señaló en El Tiempo que Petro, para saldar su deuda con estos jóvenes, encomendó a su partido Pacto Histórico dos artículos o ‘micos’, a los que llamó “con rostro de orangutanes” en el paquete de la ley de ‘Paz Total’ para que los detenidos en las “revueltas” se les consagraran indultos y se convirtieran en gestores de convivencia , que fueron rechazados por gran parte del Congreso lo que generó que desde el Gobierno se anunciara una nueva ley estatutaria “para favorecer a los actores de la llamada protesta social”.

El exfiscal señala que las últimas noticias sobre el decreto presidencial sorprendieron a los colombianos tras el “anuncio gubernamental de que la primera línea volvería a las calles antes de Navidad, por gracia del Ejecutivo, seguramente a cantar villancicos”.

“La Corte señala que la suspensión de las órdenes de captura es una medida de rango jurisdiccional a cargo de los jueces. ¿Se insistirá en seguir adelante con una política impopular e inconstitucional?”, se cuestionó Martínez Neira en su columna de ET.

Néstor Humberto también señaló que alguien debía decirle al presidente que “no puede caminar por el borde de un precipicio legal”. Para la excabeza del ente investigador, el estatuto de la “paz total” en su parágrafo 2.º, art. 5.º, solamente consagra la suspensión de las órdenes de captura a favor de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley -como lo son las guerrillas- y de las estructuras armadas organizadas de alto impacto (los narcotraficantes).

El exfiscal señala que está en mano de las autoridades judiciales otorgar dichos beneficios sobre la ley de “paz total” a las estructurales delincuenciales y guerrillas, pero esta no debe ser de competencia del presidente de la República.

Sobre este tema, además asegura que dadas las cifras de la encuesta de favorabilidad del actual presidente y otros mandatarios locales demuestran que el 58 por ciento de los colombianos no están de acuerdo con que el presidente “sacrifique la justicia, a propósito de la paz”. Y se preguntó “¿Será posible que salga adelante la impunidad de ‘primera’, contra la Constitución y la opinión nacional?”.

Sobre la misma encuesta de Invamer, Martínez se fue en lanza en ristre por los resultados de la alcaldesa Claudia López sobre su alcaldía en Bogotá “que ha pasado de un 89 por ciento de aprobación en abril de 2020, a una tasa de desaprobación de su labor del 60 por ciento en diciembre del 2022″.

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