La Procuraduría hizo un llamado al Gobierno Nacional para frenar la trata de personas y la explotación sexual en Colombia

La Procuraduría General de la Nación hizo este domingo, 18 de diciembre, un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para que fortalezcan las acciones de prevención y erradicación de los delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes NNA y la trata de personas, así como la protección y garantías de los derechos de esta población.

El ente de control, a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Mujer, reiteró que la articulación de las autoridades es determinante para brindar la protección y el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de este flagelo. En especial los de las menores de edad como sujetos de derechos de especial protección.

También indicó que es necesario desmantelar y llevar a la justicia a las bandas que cometen este delito, como en el más reciente caso de posible explotación a mujeres ocurrido en la capital del Atlántico.

Para el Ministerio Público, es compromiso de la familia, la sociedad y el Estado proteger contra cualquier forma de explotación; así como visibilizar y combatir esta forma de vulneración de los derechos de los NNA en todo el país, referenciando el delito de explotación sexual comercial como uno de los peores flagelos a los que pueden ser expuestos los niños, niñas y adolescentes; y que atenta contra su integridad.

De igual forma, en el marco de sus competencias de intervención, la Procuraduría solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Atlántico, información respecto a los diferentes Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos que se adelantan a favor de las menores de edad víctimas, a fin de que se les brinde atención conforme al ordenamiento jurídico.

Frente a este llamado hecho por parte de la Procuraduría ¿Cuáles son los principales indicadores relacionados con la trata de personas?

El 19 de julio de este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el Reporte sobre Trata de Personas 2022 (Trafficking in Persons Report 2022). De acuerdo coneste, aunque Colombia cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, la gestión y acciones del país en materia de investigación y judicialización del delito e identificación se quedan cortas.

En ese sentido, el Departamento de Estado calificó de ineficientes los esfuerzos proactivos de identificación de víctimas, particularmente migrantes, y los servicios de asistencia para víctimas adultas.

Adicionalmente, el reporte destaca la inexistencia de esfuerzos para combatir el trabajo forzoso, lo que facilita la impunidad de las personas que explotan la mano de obra y deja sin protección a las víctimas en sectores de la economía críticos.

También de acuerdo con el reporte, la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata de personas son una preocupación. El Gobierno colombiano informó que abrió 40 investigaciones por complicidad de funcionarios públicos entre 2010 y 2021; sin embargo, el gobierno no indicó cuántas de las investigaciones dieron lugar a enjuiciamientos o condenas.

Algunas de las investigaciones involucran fiscales, policías y funcionarios públicos en las ciudades de Bogotá y Cartagena envueltos en casos de explotación sexual local y transnacional.

Por último, vale recordar que en abril la Defensoría del Pueblo entregó la cifra de víctimas que atendió por el delito de trata de personas durante 2021, este reveló que 44 mujeres se vieron afectadas, de las cuales 15 correspondieron a migrantes venezolanas.

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