Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Valle del Cauca imputó los delitos de contrato sin cumplimientos de requisitos legales y peculado por apropiación a Edison Bioscar Ruiz Valencia, exalcalde encargado de Buenaventura, Valle del Cauca, que habría participado en un entramado de corrupción que permitió a particulares quedarse con dineros de un proyecto de vivienda urbana en la ciudad.
En la investigación se constató que, mientras ejerció el cargo en 2018, Ruiz Valencia realizó una convocatoria pública para comprar lotes, terrenos o bienes que permitieran avanzar en el plan de dar casa nueva a la población vulnerable.
El entonces alcalde suscribió de manera directa cuatro contratos de compraventa de varios inmuebles por 24.984 millones de pesos. El material de prueba indica que este proceso se realizó sin estudios previos de mercado y con posibles irregularidades en fechas, plazos y valores. De esta manera, al parecer, se vulneraron varias normas y principios esenciales de contratación como planeación y selección objetiva.
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El ente investigador estableció que los predios comprados habrían sido evaluados muy por encima del costo real, lo que generó pérdidas al municipio por 12.4892 millones de pesos. Estos dineros fueron cancelados a los contratistas.
Otros hechos de corrupción en Buenaventura
En octubre de 2022, cuatro funcionarios de la alcaldía de Buenaventura fueron capturados por un presunto caso de corrupción en el proceso de adjudicación de convenios para la conectividad de 80 colegios de la ciudad, en un proyecto valorado en 1.300 millones de pesos.
En agosto del mismo año, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años al exalcalde del distrito portuario Bartolo Valencia Ramos por incurrir en el delito de detrimento patrimonial mientras desempeñó el cargo entre 2012 y 2015.
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En las investigaciones, se logró evidenciar que el exmandatario de la ciudad destinó cerca de $3.500 millones del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para cerca de 3.880 alumnos, de los cuales, 2.321, según hallazgos de firmas auditoras contratadas por la entidad, nunca existieron.
“En el uso de los dineros del Sistema General de Participación para educación estaban involucrados tanto el interés público como recursos públicos, y por su cargo de primera autoridad de contratación del Distrito debía propender por verificar dicho interés público y respetar el principio de responsabilidad que regula la contratación administrativa”, indicó el órgano de control.
Por otro lado, la entidad encontró que Valencia Ramos, mientras se desempeñó como alcalde, incluyó dentro de los oferentes al Centro Docente Ana Victoria, “haciéndolo elegible para contratar servicios educativos y, posteriormente, celebró con el mismo cuatro contratos”, pese a incumplir requisitos como la idoneidad, reconocida trayectoria e infraestructura.
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Por estas razones, la Procuraduría determinó en el fallo de primera instancia que el exalcalde incurrió en “falta gravísima a título de culpa gravísima por desconocer el principio de responsabilidad de la contratación estatal y por manejar de manera irregular dineros que debían ser destinados a la presentación de un servicio educativo de calidad”.
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