Barbosa ante decreto de liberación de miembros de Primera Línea: “No guardaremos silencio si vemos algo que desborde la ley”

Recientemente, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sostuvo una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Casa de Nariño, en Bogotá, donde hablaron sobre el decreto de liberación de integrantes de la Primera Línea, quienes pasaran a ser “gestores de paz”.

En una entrevista con El Tiempo (ET), Barbosa manifestó que aún sigue su preocupación por la “autonomía e independencia de los jueces de la República”, quienes -según él- deberían pronunciarse sobre lo que está pasando con este decreto son los jueces.

El fiscal general de la Nación manifestó que se siente tranquilo al saber que no serán liberados aquellos integrantes de la Primera Línea que cometieron delitos como homicidio, tortura, extorsiones y otros delitos graves, algo en lo que coincidió con el jefe de Estado.

Sobre la ley 2272 de 2022, que es el que deja que los integrantes de una organización social privados de la libertad se conviertan en voceros para que aporten a un proceso de paz, Barbosa señaló que no es competencia de la Fiscalía en interpretar la ley en el caso de la Primera Línea.

“Ya serán los jueces quienes interpretarán toda la normativa aplicable y decidirán sobre la procedibilidad de dichas libertades”, señaló Barbosa a ese medio.

Para Barbosa, no es impunidad que una persona pueda enfrentar sus procesos judiciales en libertad, señalando a los jóvenes detenidos durante el Paro Nacional: “cuando se trata de conductas punibles de poca gravedad, la justicia penal debe ofrecer alternativas de solución distintas a la cárcel”, dijo para El Tiempo.

La cabeza visible de la fiscalía señaló que —a pesar de lo anterior dicho— eso no quiere decir que se vaya a callar. Aseguró que si en medio de la iniciativa del Gobierno Nacional, ve “algo que desborde lo permitido por la ley”, como es el desconocimiento de los derechos de las víctimas o la falta de garantías en las comparecencias ante la justicia.

Para Barbosa está bien que no los invitaran a forma parte de este proceso, pues en esto se sustenta la separación de poderes: “la Rama Judicial del Poder Público no tiene nada que decir sobre la escogencia de quienes, en criterio del Ejecutivo, serían esos integrantes de organizaciones sociales y humanitarias que podrían aportar a la paz”, dijo el fiscal a ET.

Barbosa señala que no hay preocupación por posibles colados en medio del proceso del Gobierno Nacional, ya que la Fiscalía sabe “quién es quién”, y está en la facultad de investigar todos antecedentes de quienes estén involucrados en esta iniciativa del presidente Petro.

Recientemente, en su columna de opinión de El Tiempo (ET), el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira señaló su clara oposición al decreto que quiere ayudar a liberar a miembros de la Primera Línea.

Martínez Neira considera que este decreto es el camino a la “impunidad” para los miembros de la Primera Línea, quienes -en su opinión- son responsables de la “barbarie” de hechos que también se vivieron en el 2020, y quienes “ayudaron” al actual presidente a “ganar en segunda vuelta”. Este apoyo, para el exfiscal, fue reciproco cuando Petro -en su discurso de victoria- pidió públicamente al fiscal (Francisco Barbosa) que: “Libere a la juventud, liberen a los jóvenes”.

Néstor Humberto resaltó que la respuesta casi instantánea del fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, apeló a la institucionalidad y al Estado de derecho, al señalar que en ello él no tenía que ver y le sugirió al nuevo presidente que para lograr su cometido debía “pedirle al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general. Lo invito a que tramite sus debates institucionalmente”.

Martínez Neira señaló en El Tiempo que Petro, para saldar su deuda con estos jóvenes, encomendó a su partido Pacto Histórico dos artículos o ‘micos’, a los que llamó “con rostro de orangutanes” en el paquete de la ley de ‘Paz Total’. De este modo, los detenidos en las “revueltas” se les consagrarán indultos y se convirtieran en gestores de convivencia, que fueron rechazados por gran parte del Congreso, lo que generó que desde el Gobierno se anunciara una nueva ley estatutaria “para favorecer a los actores de la llamada protesta social”.

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