Magnicidio Jaime Garzón: periodista que investigó el caso asegura que instigador del crimen podría quedar libre

Corría el año 2001 y la periodista Claudia Julieta Duque investigaba el magnicidio del también periodista y humorista político Jaime Garzón. Esto le significó persecuciones desde la Dirección Administrativa de Seguridad (DAS), otrora organismo de inteligencia del Estado colombiano, que entonces estaba infiltrado por paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según expedientes judiciales.

Lo que se ha conocido del proceso penal por este crimen, que sacudió al país en agosto de 1999, es que el subdirector del DAS en esa época, José Miguel Narváez, sostenía encuentros con Carlos Castaño, el máximo jefe criminal de las AUC, y en una de ellas lo indujo a que ordenara el asesinato de Garzón, hecho por el que fue condenado a 26 años de cárcel, y aunque recurrió al recurso de apelación de la misma, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la ratificó en 2021, de acuerdo con un artículo de El Tiempo.

Pero además Narváez resultó implicado también en el perfilamiento y torturas psicológicas que señala que perpetró el DAS en contra de la periodista Duque, por lo que también está respondiendo en ese proceso, sin embargo, la comunicadora señaló en su cuenta oficial de Twitter, el viernes 16 de diciembre, que el exalto funcionario obtuvo un beneficio judicial y podría estar próximo a salir de prisión.

“ATENCIÓN: Hoy quedó en firme sustitución de la medida de aseguramiento contra José Miguel Narváez en mi caso Si la @FiscaliaCol NO se mueve en otros casos pendientes, el asesino de Jaime Garzón pasará Navidad en libertad. Logró su objetivo con la dilación del proceso (sic)”, publicó en la red social.

Agregó también que siguen en la clandestinidad otros implicados en el proceso por la persecución que padeció por parte de la desaparecida entidad de inteligencia.

“También terminó etapa probatoria que se sigue contra el exdirector de Inteligencia del DAS y prófugo desde 2105 Giancarlo Auqué. Alegatos finales serán en marzo de 2023. El caso podría prescribir en 2024 porque resolución de acusación no incluyó declaratoria de lesa humanidad (sic)”, indicó.

En julio de este año, el Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Estado colombiano por los perfilamientos, persecución y tortura psicológica que sufrió la periodista entre 2001 y 2010, luego de trabajar periodísticamente el magnicidio de Garzón.

“(Fue) una violación a derechos humanos, en un hecho en el que participaron funcionarios del extinto DAS y que, faltando a sus deberes funcionales se comprometieron e involucraron con este tipo de conductas absolutamente reprochables”, citaron del fallo en un artículo de la Fundación de la Libertad de Prensa (FLIP).

Explicaron que la finalidad era que la comunicadora se autocensurara para que se mantuviera encubierta la presunta responsabilidad del Estado en el homicidio de Garzón.

“Entre el 2001 y 2010 la periodista fue secuestrada, vigilada, amenazada y torturada psicológicamente, por lo que se vio obligada a exiliarse con el fin de salvaguardar su vida y la de su hija”, reseñaron en la ong.

Los procesos judiciales en contra de Narváez, donde se han tenido en cuenta testimonios de ex’paras’, han establecido que el exsubdirector del DAS había sostenido reuniones con miembros de las AUC y les instruía en lo ideológico sobre contrainsurgencia. En algunos de ellos aseguraron que solo le faltaba portar el brazalete de esa extinta organización criminal, por su cercanía, en especial con Carlos Castaño.

Sin embargo, en 2020 la Corte Suprema de Justicia le negó el recurso de apelación para su condena por el crimen de Garzón, argumentando que no tuvo garantías para controvertir el material probatorio en su contra, así como le vulneraron su derecho al debido proceso y la defensa, entre otras razones porque en el proceso se valoraron los testimonios de los ex’paras’, pese a que la Fiscalía demostró que si iba los campamentos de los paramilitares, reseñaron en El Tiempo.

Incluso sostuvo el ente acusador que le entregaba a Castaño información de inteligencia de las identidades de supuestos colaboradores de las guerrillas colombianas, entre ellos la del humorista, según los relatos de exjefes criminales de las AUC como Iván Roberto Duque, Salvatore Mancuso, Fredy Rendón Herrera alias El Alemán y Diego Fernando Murillo ‘Don Berna‘.

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