La Superintendencia investiga a Avianca por atentar contra la libre competencia

La Aerolínea Avianca por décadas erea una de las empresas más reconocidas del país; sin embargo, durante los últimos meses se han conocido quejas de usuarios que aseguran que el servicio que brinda ha desmejorado. De esta manera, la Superintendecia de Industria y Comercio investiga a la aerolínea colombiana por presuntamente haber materializado una integración empresarial sin autorización previa de la Aerocivil.

De acuerdo con información revelada por la revista Semana, el órgano de control investiga si la empresa habría utilizado la compra del 100% de los derechos económicos de Viva en Colombia y Perú, para generar prácticas restrictivas de la libre competencia. Al parecer, este hecho les habría permitido tener una posición dominante en el mercado en 2022.

Si se llegara a comprobar lo anterior, ambas compañías podrían ser sancionadas hasta con 100.000 salarios mínimos legales vigentes, hasta el 20 % de sus ingresos operacionales o hasta 20% de su patrimonio. Incluso, las aerolíneas estarían obligadas a desinvertir.

En abril 29 del presente año, las alarmas se encendieron cuando el empresario William Shae, dueño de la aerolínea Ultra Air, reveló que Avianca y Viva firmaron un acuerdo para unificar sus derechos económicos. En ese momento, las compañías tendrían como objetivo la integración, por lo que Avianca solicitó esta aprobación ante la Aeronáutica Civil; a lo que Ultra Air se opuso y solicitó una investigación en el organismo.

Ante la respuesta en los últimos meses, la Aeronáutica Civil objetó su solicitud de integración con Viva Air, por considerar que “la integración representa riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores”.

De esta manera, la entidad aseguró que Viva Colombia ha sido muy importante en la dinamización del mercado, por lo que su integración generaría un riesgo en el aumento de precios. “En términos de libre competencia, significaría un retroceso y volver a niveles que no se veían en el país hace más de siete años”, señaló.

Con respecto a Avianca, se dirigió al ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien publicó en Twitter la formulación de pliego de cargos a ambas empresas en escandalosos. La aerolínea afirmó que “cumple y ha cumplido con todas las normas aplicables en materia de control de integraciones y la transacción sobre los derechos económicos de Viva no constituyó una integración. Por tanto, esto no ha implicado, de ninguna manera, la operación conjunta de Avianca y Viva. Actualmente, las aerolíneas siguen siendo independientes, autónomas y competidoras en el mercado”.

Por su parte, Avianca en un nuevo comunicado respondió lo que detalló como imprecisiones de Robledo. ”El proceder de Avianca está plenamente respaldado por la normatividad aplicable, los precedentes sobre la materia y las normas expedidas por la misma SIC para avalar la separación de negocios, en las que se indica con claridad que el único criterio relevante para evaluar la independencia de las partes es la ausencia de control y la independencia plena”, enfatizó.

“Incluso, el mismo ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en 2015, aprobó la regulación para la separación del negocio en la Resolución 10930, la cual se permite el cierre de una transacción en otras jurisdicciones mientras que en Colombia se obtiene aprobación para integración”, manifestó la aerolínea”, siguió el informe.

El exdirector del DAS Laude Fernández fue condenado a cuatro años de prisión por parte del Tribunal de Bogotá al ser hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales.

El directivo participó en chuzadas ilegales a miembros del sindicato de Avianca con el fin de recoger información. El condenado pidió a miembros del CTI interceptar comunicaciones de WhatsApp y otras redes sociales para conocer los movimientos de los pilotos y miembros del Sindicato.

Para realizar el espionaje, Fernández utilizó la plataforma Esperanza de la Fiscalía General de la Nación y las víctimas ilegales fueron Jorge Mario Medina, Jaime Hernández y Julián Pinzón, capitanes que lideraron las protestas de pilotos ese año. Laude también fue sancionado con una multa económica de 50 millones de pesos y estará inhabilitado por 49 meses para ejercer cargos públicos.

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