El pasado 13 de diciembre el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que iniciará un paro armado en el departamento de Chocó a partir del jueves 15.
Tras el anuncio del paro armado por parte del ELN, al menos 9.800 personas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita, que se comunican por el río San Juan y afluentes, se encuentran en confinamiento de manera indefinida.
Según explicó la Defensoría del Pueblo, esta población se ve afectada por la restricción en materia de movilidad y así como en sus actividades diarias en lo que se refiere a transporte de víveres y alimentos al igual que acceso a servicios de salud y actividades diarias.
Cabe recordar que el pasado lunes 12 de diciembre se registró una incursión de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a la comunidad afro de Negría en Istmina, en la que fue asesinada una persona y recibieron intimidaciones, daños a bienes civiles y hurtos.
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Como consecuencia de estos hechos, 141 habitantes de Negría se desplazaron al corregimiento de San Miguel en el municipio de Medio San Juan y a la cabecera municipal de Istmina. Este año, esa comunidad ya ha sido víctima de tres desplazamientos en los meses de enero, febrero y abril.
Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “las comunidades afro e indígenas ubicadas en esta subregión del medio San Juan han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales y territoriales por grupos ilegales”.
De acuerdo con la entidad, los hechos de violencia se han desarrollado en el contexto de disputa entre la guerrilla del ELN y las AGC - Clan del Golfo que se han agudizado en los dos últimos años como se advirtió a través de las alertas tempranas 020 y 027 de 2021 y 012 de 2022 para los municipios de Medio San Juan, Istmina, Nóvita y Sipí, respectivamente.
“Desde la Defensoría del Pueblo, insistimos en la importancia de que las autoridades tomen las medidas necesarias para enfrentar la grave situación humanitaria que se registra en el Medio San Juan (Chocó) y el Bajo Calima (Valle del Cauca). Es urgente, la protección efectiva y la asistencia humanitaria inmediata para la población afectada”, recalcó Carlos Camargo.
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Además del confinamiento de la población, también se presenta restricción a la movilidad, al comercio y al transporte de pasajeros y de mercancías desde y hacia el municipio del Litoral del San Juan donde se ven afectadas 64 comunidades, incluyendo Docordó que es la cabecera municipal.
En el comunicado de la Defensoría del Pueblo se destacó que la movilidad se hace a través de la única vía que es el río San Juan que conecta a este municipio con Buenaventura a través del corregimiento de Bajo Calima.
Finalmente, el defensor del Pueblo delegó un equipo de las Regionales Chocó y Pacífico, de la Delegada del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Delegada para la Movilidad Humana y de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, para que acompañen a la población confinada por cuenta del anuncio de paro armado, y allí articular los esfuerzos interinstitucionales para lograr la garantía de los derechos de las comunidades.
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