Las manifestaciones y concentraciones que estaban llevando a cabo indígenas arhuacos en la vía que conduce de Valledupar (Cesar) al sur de la Guajira, exactamente sobre el puente Hurtado, fueron levantadas el jueves 15 de diciembre, y aunque, al parecer, llegaron a un acuerdo con el gobierno Nacional, habría una división dentro de la comunidad ancestral porque una parte de ella no estuvo de acuerdo en que se dicha la minga.
Según informaron en la emisora Caracol Radio, tras un diálogo que sostuvieron con representantes del Ministerio del Interior, el Gobierno se comprometió a que este pueblo pueda acceder a la oferta institucional del Estado como registrar a los recién nacidos, acceso a la salud, a becas para la educación universitaria y facilitarles los trámites para que puedan obtener la libreta militar.
“Se ha levantando la protesta pacífica que nos tenía concentrados en el puente Hurtado en la ciudad de Valledupar. Se han desbloqueado las vías y hacemos presencia en la casa indígena de (esta ciudad)”, indicó Zarwawiko Torres, uno de los líderes de la protesta.
Una de sus principales exigencias, durante la concentración, fue la de que se reconociera desde el ámbito estatal a las autoridades de ese pueblo descendiente de los Taironas.
“A más de siete meses de haber elegido nuestro cabildo gobernador, el Gobierno se niega a expedir el respectivo registro, lo cual es como si en Colombia hubiéramos elegido un presidente y no tuviera la declaración del Consejo Nacional Electoral”, dijo en su momento Norey Quigua, otro de los indígenas que lideraron las concentraciones.
Sin embargo, dentro de esa comunidad habría una división que se evidenció en un comunicado que publicaron en Twitter y en Facebook a nombre de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), donde reprobaban que durante esas manifestaciones hubiese muerto un menor indígena de 15 años en aguas del río Guatapurí en Valledupar.
“Lamentamos el sensible fallecimiento por inmersión del joven menor de edad Uriel Torres Izquierdo de la comunidad de Zikuta, en inmediaciones del sitio Sagrado Pozo Hurtado, en el marco de una convocatoria que movilizó a niños, jóvenes y adultos mayores sin garantizar su integridad exponiéndolos a riesgos innecesarios”, afirmaron.
Aseguraron que esta minga no tuvo en cuenta su organización ancestral y se hizo sin contar con la aprobación de sus propias autoridades.
“(Se hizo la protesta) con la finalidad de imponer y presionar sin buscar el consenso y el diálogo dentro del Sistema Propio de Gobierno y el conocimiento ancestral -el cual es patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco-, para que se realice el registro de un Cabildo Gobernador por parte de gobierno Nacional, mediante la utilización de vías de hecho que van en contravía al mandato de ley de origen”, expresaron en la misiva.
Conflicto interno de vieja data
Esta parte de la comunidad, que de acuerdo con la misiva cuenta con reconocimiento mediante el decreto 1396-7 de 1996, y representa al Resguardo Arhuaco de la Sierra, Cabildo Arhuaco del Magdalena y la Guajira, y al resguardo Indígena de Arhuaco de Businchama recordó que hay un cisma en su interior donde incluso hubo intervención del Estado colombiano.
“La Corte Constitucional decidió mediante orden judicial que debe realizarse un acercamiento entre los Mamos de las Cuatro Kunkurwas (Akutu o base de Numaka, Seykumuke y las Junkurwas de Seynimin y Kunkuzikuta) para tomar las decisiones de para que resuelvan el conflicto interno de gobernabilidad”, explicaron.
Agregaron que ese mecanismo está acorde a los lineamientos de su organización y saberes ancestrales donde, según ellos se garantiza la autonomía y autodeterminación del pueblo Arhuaco. Además, reiteraron su crítica a que se haya llevado a cabo esa concentración y bloqueo de vías en Valledupar.
“Hacemos un llamado a no exponer a la población de niños, jóvenes y adultos mayores, implementando un mecanismo de resolución de conflictos acorde con la Ley de Origen, dándole cumplimiento al Auto de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que el registro de un individuo no debe seguir exponiendo la sensible integridad cultural por la que atraviesa el Pueblo Arhuaco”, finalizaron el comunicado.
Precisamente, sobre este tema, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior dar pronto trámite a las exigencias de los indígenas por la situación de abandono en que se encontraban desde el lunes en Valledupar.
“Se verificó un estado importante de desatención especialmente para los niños, niñas y mujeres en embarazo; quienes pasaban la noche a la intemperie, sin condiciones higiénicas adecuadas y careciendo de los niveles básicos de atención a la población que se desplazó desde sus territorios”, señaló el Ministerio Público.
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