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Este viernes, luego de una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se conocieron los nombres de los primeros jóvenes, detenidos durante las protestas, que quedarán en libertad.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló que los liberados son dos mujeres y cinco hombres: Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.
Una vez se conoció esta noticia, a la Corte Constitucional llegaron las primeras demandas para detener la participación de la primera línea en la gestoría de paz.
En un primer punto, la demanda va dirigida contra el artículo 5 de la ley 2272 del 2022, que entre otras cosas señala:
“Admitir como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”.
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Según Erick YanFred Rojas, que presentó la demanda a la Corte Constitucional, esta decisión presidencial de elegir quiénes sean voceros va en contravía al hilo constitucional.
“Está violando el orden constitucional de la separación de poderes, el debido proceso. Teniendo en cuenta qué esta función de retiro de órdenes de captura de las personas que presuntamente hayan cometido algún delito, es del resorte de la rama judicial encabezada por algún juez de la república y el ente investigativo, qué es la Fiscalía”, se lee en la demanda interpuesta.
En su demanda, el ciudadano también reclama que el retiro de las órdenes de captura de estos integrantes, sin remitirse a un juez de la República, son inconstitucionales y por eso, le solicitó a la Corte Constitucional que se declare inexequible la ley 2272 del 2022 y retire del ordenamiento jurídico, por vicios de forma y procedimiento.
Sin embargo, este no es el único proceso judicial que cursa en la Corte Constitucional por el nombramiento como gestores de paz de miembros de la primera línea.
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José Jaime Uscategui, representante a la Cámara, también solicitó declarar inexequible la ley 2272 de 2022. Además de poner en manifiesto la violación al principio constitucional de separación de poderes, el congresista del Centro Democrático argumentó una violación a los derechos y garantías constitucionales de las víctimas tras estas liberaciones.
Así lo expuso en su demanda:
“La ley 2272 de 2022 viola los tratados internacionales en las disposiciones que establecen la protección a víctimas en el momento que una persona que está siendo procesada salga en libertad, a pesar de que la autoridad competente haya decidido imponer una medida de aseguramiento”.
El congresista de oposición también expresó que “esta ley no menciona los derechos de las víctimas, ni las medidas de reparación pertinentes y tampoco mecanismos para garantizar su derecho a la justicia”.
Tras la reunión con el presidente, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que no quedarán libres personas ya condenadas por delitos graves, como es caso de alias 19, sentenciado por tortura.
“Personas condenadas, personas que cometieron delitos graves que tuvieron que ver con episodios de violencia como homicidios, secuestros, torturas; pues son personas que no podrían estar vinculadas como voceros”, aclaró el fiscal Barbosa.
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