Corte Constitucional le dio la razón a ciudadano que fue suplantado para sacar créditos a su nombre

Un hombre en Santander quedó debiendo casi 22 millones de pesos luego de haber contratado un servicio de internet

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Imagen de referencia. Datacrédito anunció que ya comenzó a eliminar los reportes negativos de usuarios morosos. Foto: Colprensa
Imagen de referencia. Datacrédito anunció que ya comenzó a eliminar los reportes negativos de usuarios morosos. Foto: Colprensa

Este jueves 15 de diciembre se conoció que la Corte Constitucional falló a favor de un ciudadano que fue suplantado para solicitar tres productos financieros ante el banco Davivienda. El tribunal le ordenó a la la Superintendencia Financiera que investigue si la entidad financiera fue administrativamente irresponsable por no haber notificado los resultados de su investigación interna a las centrales de riesgo, donde el usuario resultó reportado por falta de pago.

En mayo de 2021, un residente del municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander, contrató un servicio de internet con una empresa. Para ello, le pidieron copias de su documento de identidad y huellas dactilares. Sin embargo, nunca le instalaron el servicio y un mes después descubrió para qué le pidieron estos datos.

Cuando el usuario consultó su historial crediticio, descubrió que había tres productos a su nombre que nunca pidió —un crédito de 20 millones de pesos, una tarjeta de crédito por 1,5 millones y una cuenta de ahorros—. Cuando contactó a Davivienda, le confirmaron que esos productos fueron solicitados a través de su servicio Banca Móvil, luego de aprobar sus filtros biométricos.

El usuario reclamó que eliminaran su reporte y no le cobraran esas obligaciones, además de denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia Financiera la indebida utilización de su información. Aunque la investigación interna arrojó que sí había sido suplantado, se negó tres veces a responder por el reporte porque la autenticación biométrica fue exitosa. Por eso decidió poner una tutela, que le negaron en el juzgado de Barrancabermeja.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte, con ponencia del magistrado en encargo, Hernán Correa Cardozo, concluyó que el banco vulneró los derechos fundamentales al habeas data y al buen nombre del accionante, desde el momento en que tuvo conocimiento de que las obligaciones crediticias incumplidas no fueron adquiridas por él y no hizo nada al respecto.

“Se desconocen los principios de veracidad, integridad, incorporación y finalidad del derecho fundamental al habeas data, cuando la fuente conoce que el titular del dato no adquirió las obligaciones crediticias y pese a ello realiza un reporte negativo al operador de la información”, indicó la sentencia.

El fallo le dio 48 horas a Davivienda para que retirara los reportes de los tres productos financieros en las centrales de riesgo Cifin y Datacrédito. También tendrá dos meses para adoptar medidas y políticas internas encaminadas a notificar los resultados de las investigaciones internas a las personas víctimas de suplantación. En caso de que el reporte ante las centrales de riesgo ya se hubiera hecho, deberá informar la novedad correspondiente.

También se ordenó a la Superintendencia Financiera que investigue si Davivienda incurrió en responsabilidad administrativa por no haber notificado a las centrales de riesgo y a un ciudadano el resultado de una investigación interna, la cual concluyó que, en nombre de este último, se adquirieron tres productos financieros de manera fraudulenta.

Aunque Datacrédito había pedido ser excluido del caso, la Corte también le ordenó retirar los reportes de los productos financieros y recalcular el puntaje de riesgo del ciudadano. Con respecto a la empresa de internet no se tomaron decisiones, porque esta dijo que no presta ese servicio, que no tiene oficinas ni operarios y que la están suplantando.

Finalmente, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que decida si continúa con la indagación preliminar de la denuncia. También se advirtió a los ciudadanos que deben ser especialmente cuidadosos y precavidos cuando decidan entregar sus datos personales a terceros, para evitar fraudes y casos de suplantación como los que ocurrieron en el presente proceso.

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