El año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el representante a la Cámara, del partido de la U y presidente de la Comisión de Acusación, Wilmer Carrillo Mendoza, por posibles irregularidades en contratación cuando fungió como secretario de Infraestructura de Norte de Santander, en la primera administración del exgobernador William Villamizar (2008-2011).
La primera acusación sobre el tema se dio en 2016, desde ese año la defensa de Carillo ha intentado apelar el proceso; y este 15 de diciembre se dio a conocer que la Corte determinó que pese a los alegatos del representante, la investigación continuará su camino debido a que el ente considera que existen las pruebas suficientes para seguir el proceso.
“En síntesis (...), con base en las pruebas, la sala concluye que contrario a lo expuesto en las alegaciones (por parte de la defensa de Carrillo) se considera que se reúnen los presupuestos para dictar resolución de acusación en contra del exsecretario de infraestructura de la gobernación del departamento de Norte de Santander y actual representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, pues se ha demostrado que existen suficientes pruebas que conducen a concluir su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, previstos en los artículos 410 y 397, del código penal, conforme lo pide el ministerio público”, se lee en el documento expuesto por la Corte.
De acuerdo el diario regional La Opinión, el proceso, dio, se originó, pues, se cree que en su cargo como secretario, al parecer, Carillo Mendoza habría ordenado unos pagos a contratistas del departamento por obras que no se ejecutaron o estuvieron mal ejecutadas bajo la excusa de que para esa época se debían reconstruir las vías maltrechas en la región por culpa de las inundaciones, lo que habría causado un detrimento importante al departamento; en este sentido, se le acusa de peculado por apropiación que se refiere a la “apropiación de bienes del Estado para beneficio propio”, que en el caso del representante de la U sería por unos 159.491.109 pesos.
Pese a las acusaciones y a que el fallo señala la importancia de continuar el proceso, la Corte aseguró que este seguirá mientras el político lo asume en libertad: “Ordenar que permanezca el proceso asumiendo la actuación en libertad”, se lee en el fallo.
Sobre el representante de la U se sabe qué nació en Arboledas, Norte de Santander, municipio en el que ha sido acusado pro las irregularidades al interior de contratos en sus cargos públicos. Se tituló como arquitecto de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y mientras fue secretario del gobierno de William Villamizar en diversas ocasiones pudo ser gobernador encargado del departamento.
Comenzó en su carrera en el Congreso desde el 2014, cuando logró un escañó como representante a la Cámara por el Partido de la U, puesto que mantiene a la fecha y actualmente, aunque muchos señalaron el impedimento que tiene por la investigación que tiene en curso, se desempeña como presidente de la Comisión de Acusación; incluso, se ha sugerido que se declare impedido en los procesos que lleguen contra magistrados de la Corte Suprema debido a que entra en un conflicto de intereses.
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