Hidroituango: JEP compulsó copias a Fiscalía y Procuraduría por posibles irregularidades en recuperación de cuerpos

El pasado 9 de diciembre la Jurisdicción Especial para la Paz mencionó que 2094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia del proyecto Hidroituango (Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia). Dicha cifra fue consolidada a partir de la recolección de datos de entidades como la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la unidad de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Sumado a eso, este jueves 15 de diciembre la organización Equitas concluyó que es viable realizar la búsqueda de personas desaparecidas en tres zonas específicas y que hacen parte de la zona de influencia de la hidroeléctrica. Dicha determinación fue entregada durante una audiencia de medidas cautelares en la que fue presentado un informe elaborado bajo pedido de las víctimas sobre si era o no viable realizar la búsqueda de los restos de sus seres queridos.

En la diligencia, la corporación precisó que Pescadero —Ituango—, Orobajo —Sabanalarga— y Barbacoas —Peque— son las zonas donde existe probabilidad media y alta de encontrar restos de desaparecidos. A ese dictamen se llegó también luego de hacer varios análisis en los territorios en los cuales se recogieron datos y testimonios de las comunidades que han afirmado la presencia de posibles cuerpos enterrados en esos lugares.

De acuerdo con el informe, al menos 80 personas siguen desaparecidas. Equitas también identificó 282 sitios donde han sido arrojados cuerpos cuyas muertes podrían estar relacionadas con el megaproyecto.

La corporación exponente del informe indicó que, para el caso de Pescadero, la zona delimitada es cercana al sector conocido como Corraleja de Piedra; en tanto que para Barbacoas fue precisado un terreno en el flanco oeste del cementerio. Allí podría haber restos de personas dadas por desaparecidas.

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El informe también advierte presuntas irregularidades cometidas por el laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia por el manejo que le habría dado a restos que previamente había recuperado en las zonas señaladas por la corporación.

Tras la presentación del informe, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar, quien presidió la diligencia, ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que investiguen si se presentaron irregularidades en la recuperación de cuerpos en áreas de influencia, o si se han cometido delitos o faltas disciplinarias.

Concretamente, el togado le pidió a ambas entidades determinar si hubo conductas antirreglamentarias por parte de quienes intervinieron en la exhumación de cuerpos de personas halladas en afluentes de la zona inundada por Hidroituango.

De igual manera, instó a la Procuraduría para que “en un término de 10 días informe a esta sección sobre el estado de avance del proceso adelantado a partir de la compulsa de copias, a propósito de lo decretado en el auto AT-039 de 2022, en el que esta sección compulsa copias de los informes presentados por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz para que, conforme a sus competencias determine si lo allí consignado (...) implicó o implicaría la posible comisión de faltas disciplinarias” por parte de funcionarios públicos o particulares que cometieron irregularidades en ese proceso.

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