Fiscal Francisco Barbosa llama a atacar las finanzas de las redes de tráfico de personas

En la tarde del 14 de diciembre, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se manifestó sobre las necesidades para combatir el delito de trata de personas. El pronunciamiento fue hecho en Cartagena, donde se realizó el encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), iniciativa de la de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

Desde la AIAMP se busca promover la unificación de investigaciones que realizan los países miembros, con el fin de agilizar las respuestas y mejorar su efectividad contra el tráfico de migrantes y la trata de personas. En este sentido, Francisco Barbosa solicitó que además de los procesos penales, se incluyan investigaciones financieras que permitan atacar al patrimonio de las organizaciones criminales involucradas en el tránsito irregular de migrantes.

También señaló que la coordinación de esfuerzos en la región debería atacar el crecimiento de la trata de personas, el tráfico de migrantes, así como los desafíos relacionados con las nuevas tecnologías de comunicación.

“Los delitos asociados a estas condiciones, al tráfico de migrantes y a la misma trata de personas… nos ponen nuevos desafíos en la mesa: la ciberpedofilia, la cibercriminalidad, el narcotráfico, todo lo relativo a delitos (…) que se terminan configurando como hechos previos a los grandes delitos como el trato a las mujeres y a los niños que se da en el marco de todas estas travesías y que terminan, en muchos casos, en feminicidios en los lugares de paso”, reza el comunicado divulgado por la Fiscalía General de la Nación.

Desde la Fiscalía se comunicó que Colombia avanzan en seis investigaciones articuladas con Chile y una con Argentina, centradas en la relación de las organizaciones criminales que ejercen el tráfico de migrantes, la trata de personas y la explotación sexual, haciendo uso de las redes sociales.

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Es una red conformada en 2011 con el fin de perseguir penalmente la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en Iberoamérica. Actualmente, está conformada por Colombia, Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

Está integrada por fiscalías y ministerios públicos, los cuales comparten información de las investigaciones que desarrollan en este campo, con lo cual se busca mejorar los resultados en la judicialización de los responsables de estos delitos.

En 2022 el paso de inmigrantes de forma irregular, en dirección a los Estados Unidos, aumentó de forma dramática. Según las autoridades panameñas, en lo corrido entre enero y octubre del 2022, cerca de 204.986 personas abrían transitado por la peligrosa selva.

A la anterior cifra se debe sumar las denuncias realizadas desde la Unicef, la cual estima que cerca de 32.488 de los migrantes corresponden a menores de edad, una cifra histórica, el fenómeno resulta especialmente cruento porque la mitad de la cifra corresponde a infantes menores de 5 años.

“Los niños y niñas menores de 5 años, quienes representan el 50 % de la niñez migrante, son particularmente vulnerables a la diarrea, deshidratación y otras enfermedades. Adicionalmente, el estrés y el peligro asociados con esta travesía deja a muchos niños y niñas en riesgo de trauma emocional”, denunció la Unicef.

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