Tras la decisión de la Contraloría General de la República de abrir un proceso de responsabilidad fiscal, por un supuesto daño patrimonial por 609 billones de dólares, esto en contra de al menos 6 integrantes de Ecopetrol, la compañía de hidrocarburos en un comunicado aseguro que prestar a toda la documentación e información necesaria, la cual permita esclarecer las razones por las cuales se decidió realizar la controvertida inversión con la empresa Savia Perú S.A.
En resumen, y según lo explicado por el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, el inconveniente está en que al momento de vender la propiedad accionaria que se tenía sobre la sociedad Offshore International Group (OIG), está se habrían vendido por un valor menor al cual se compraron hacia el año 2008.
“Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, por la existencia de un daño al patrimonio público por las presuntas irregularidades como consecuencia del deterioro de la inversión materializada por ECOPETROL S.A. en la venta de acciones de Offshore International Group, Inc. en el año 2021, resultado de una gestión fiscal ineficiente, inoportuna y antieconómica derivada de las omisiones y acciones de ECOPETROL S.A. en la administración de la operación de la misma, durante el período comprendido en los años 2009 al 2021, configurando un detrimento a los intereses patrimoniales del Estado, en cuantía estimada de USD 609.157.196,67″, se lee en el oficio de la Contraloría.
Con nombres, el ente acusó a seis miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol: Nelson Navarrete Hernández, María Victoria Riaño Salgar, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Héctor Manosalva Rojas y Mauricio Ramírez Terrassa; los cuales serían responsables del daño.
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Mediante un comunicado, Ecopetrol aseguro que estará totalmente dispuesto a colaborar con la Contraloría, esto mediante la entrega de soportes documentales e información necesaria donde dice soporte la razón o argumentos de este negocio desarrolladas en más de una década:
“Ecopetrol brindará toda la colaboración requerida por la Contraloría General de la República para la investigación relacionada con la compra realizada en el 2009 del 50% de las acciones de la compañía Offshore International Inc (OIG) y sus compañías subordinadas (Savia Perú S.A.), el desarrollo de dichos negocios y su posterior venta en enero de 2021 (…) Ecopetrol entregará los soportes documentales e información requerida por el organismo de control que soportaron las decisiones objeto de la investigación, incluidas las razones que llevaron a realizar esa inversión hace 13 años y las condiciones que afectaron la operación de dicha empresa en Perú”.
Ecopetrol estaría envuelto en más escándalos de corrupción
Al parecer este no sería el único caso donde se había presentado un detrimento, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, manifestó qué la empresa hidrocarburos construyó una planta de etanol, la cual tenía un costo de 140 millones de dólares, pero término costando más de 750 millones.
En su señalamiento, el congresista asegura que no tiene sentido que Felipe Bayón, presidente de la entidad, continúa en el cargo, y compara la situación con el escándalo de Reficar:
“El detrimento por US610 millones en compraventa de empresa en Perú no es único. Ecopetrol construyó una planta de etanol (Bioenergy) que costaba USD 140 millones y q con sobrecostos terminó costando USD 750 millones y adivinen: Esa platica también se perdió. (…) Mismo modus operandi: Compran una empresa con costos sobredimensionados, luego la venden a precio de huevo o la quiebran, nombran un liquidador amigo para regalarla. Ecopetrol Entró a Bioenergy como socio mayoritario, invirtió USD 750 Millones y la empresa está en liquidación”.
Según concluyó con su denuncia, Bolívar asegura que en 2008 se adquirió la planta, y tras los malos manejos y problemas fue llevado ante un tribunal de arbitramento internacional, y tras un fallo de la superintendencia de sociedades se liquidó y terminó siendo adquirido por una compañía llamada Agrícola Llanos.
“Después de entrar en proceso de liquidación (Ley 1116 de 2006), La Superintendencia de Sociedades nombró de agente liquidador a Rubén Darío Lizarralde (exministro de agricultura). Marzo de 2022, Bioenergy tiene nuevo dueño: Agrícola Llanos”.
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