Escándalo de Centros Poblados: exrepresentante legal llegó a un acuerdo con la Fiscalía, pagará cuatro años de prisión

La investigación dentro del caso de Centros Poblados sigue avanzando y en medio del proceso, la Fiscalía General de la Nación ha firmado tres preacuerdos con los implicados. El último lo dio a conocer Caracol Radio, que señaló que un documento de la entidad da muestra de que el último que se dio fue con Luis Fernando Duque Torres, quien fue representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados.

De acuerdo con la información del caso, el acusado de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros, pagaría una pena de 52 meses de prisión, es decir, cuatro años y 3 meses, además, de degradar la forma de participación de coautor a cómplice, esto, por aceptar su responsabilidad y según, aseguró el ente investigar haber brindado información para ayudar a esclarecer los hechos de corrupción que terminaron con un desfalco a la nación cercano a los 70 mil millones de pesos.

Es importante mencionar que Duque Torres, en su cargo como representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, fue quien autorizó el desembolso del anticipo de 70.243 millones, que así como lo mencionó la emisora colombiana, terminarían en manos de las empresas NUOVO SECURITY LLC e INSELSA SAS, que posteriormente se distribuyeron de la siguiente forma: Emilio José Tapia Aldana se habría quedado con $6.182.651.043 mientras que Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, propietario de la empresa NUOVO SECURITY LLC se apropió de $ 9.062.301.903.

Este preacuerdo es muy parecido al que habría recibido Tapias hace algunas semanas, como lo mencionó la W Radio, sin haber dado prueba alguna o entregar información a favor de la investigación para poder recuperar el dinero que servirá para ampliar la conectividad de niños y niñas en estado de vulnerabilidad económica en zonas rurales del país.

“El insólito preacuerdo fue hecho a instancias de la fiscal Andrea Muñoz, pero su principal impulsor ha sido el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Eduard Alirio Calderón”, señaló el periodista Daniel Coronell sobre el preacuerdo y agregó que en enero será presentado a un juez debido a que el fiscal Francisco Barbosa ya dio su parte positivo al proceso.

Si el preacuerdo se diera, el acusado tendría que pagar solo 55 meses de cárcel y devolvería una suma simbólica, menor de 2.000 millones de pesos, valor que equivale a cerca de un 2 % de lo que perdió la nación con el desfalco. Además, lo único que haría sería aceptar los cargos en su contra, que son por falsedad y fraude procesal que hasta el momento había negado, señalando que nunca supo nada de lo que pasó al interior del proceso, pese a ser uno de los encargados.

Recordemos que no es la primera vez que, Tapia está relacionado en un robo de esta escala, pues fue condenado en 2015 por hacer parte del denominado Carrusel de la Contratación en Bogotá que se apropió de dineros públicos para obras de infraestructura.

Sin embargo, pasado poco tiempo de quedar en libertad, anónimamente estuvo detrás de la Unión Temporal Centros Poblados, que presentó garantías bancarias falsas para hacerse con la adjudicación del contrato más ambicioso del pasado gobierno en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por lo que, por estos hechos, Tapia se encuentra recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

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