En un esperado debate de control político que se realizará el viernes 16 de diciembre en el Concejo de Bogotá, el asambleísta de la Alianza Verde, Julián Espinosa, analizará el contrato mediante el cual se contrató el reforzamiento estructural a la Unidad Deportiva El Salitre y que, pese a que estaba proyectada a hacerse en 13 meses, lleva más de cinco años en el limbo.
Esta fue una obra que, precisó el concejal, comenzó en noviembre de 2017 y que debería haberse entregado en diciembre de 2018 y que hoy está cerrado al público. Este retraso, entre otras cosas, ha afectado a cerca de 250.000 deportistas, incluidos los atletas paralímpicos. Así lo explicó el concejal, quien a este respecto citó las cifras de la Contraloría de Bogotá.
“Es indignante ver las condiciones en las que están entrenando nuestros deportistas, me di a la tarea de visitar cada una de las ligas y dan ganas de llorar. La escena es la siguiente: están arrimados en un salón comunal, pagando por un espacio que no cumple con los requisitos y especificaciones técnicas que exige cada deporte”, expresó el concejal Julián Espinosa.
Según las indagaciones del cabildante Espinosa, la Unión Temporal San Antonio Reforzamiento Asemain se ganó el contrato gracias a que la licitación pública se hizo a la medida. Por ejemplo, en la etapa precontractual, hubo un incumpliendo al adaptar en una sola certificación 11 contratos como si se tratara de uno solo. Dicha situación fue alertada por otros oferentes, pero el comité evaluador hizo caso omiso.
Otra de las aristas que abordó el concejal fue que, otro de los miembros de la Unión Temporal San Antonio, la empresa Asecaf S.A.S., tenía antecedentes cuando hizo parte de la renovación de la PTAR de Puerto Mallarino, en la cual presentó una certificación bancaría de ITAÚ, casi idéntica a la presentada en el caso Centros Poblados, que las directivas de la entidad bancaria señalaron de falsa.
“Esto también fue pasada por alto por el comité jurídico y técnico. Todo en este entuerto jurídico huele mal desde donde se le mire. ¿Cómo es posible que la interventoría inicial, Consorcio SB, se haya visto obligada a ceder el contrato porque uno de sus miembros estaba inhabilitado? Aunque menos mal cedieron el contrato, ya que durante sus revisiones pasaron por alto detalles como que las facturas no coincidían con los gastos”, precisó este jueves 15 el concejal Espinosa.
El concejal precisó que la interventoría, Consorcio SB, aprobó los desembolsos por un valor de $4.577.216.641 de los cuales nunca se legalizaron $2,874.727.669, pero los que se legalizaron, se hicieron con facturas de proveedores cuyo objeto social no tiene nada que ver con lo que supuestamente le vendieron a la Unión Temporal San Antonio.
“Los anticipos suman casi tres mil millones de pesos, pero en realidad las pérdidas son invaluables. ¿Cuánto cuesta tener en ruinas un terreno, cuánto han tenido que pagar las ligas en espacios privados para poder entrenar, cuántos talentos deportivos se han desperdiciado por falta de condiciones para su preparación física? Y eso sin contar los miles de millones que nos va a costar reconstruir la Unidad Deportiva”, concluyó el concejal Espinosa.
Por último, durante una visita a las instalaciones de la Unidad que adelantó la Contraloría de Bogotá en mayo del año pasado su delegado, Andrés Castro Franco, pudo verificar que hay retrasos en la remodelación del recinto, que finalmente perjudicarán el desarrollo de actividades de recreación y deporte en la capital colombiana.
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