Casos de corrupción en Centros Poblados y EMCALI: Fiscalía le daría beneficios a testigo clave

El ente estaría buscando principio de oportunidad para Juan José Laverde que habría aportado información para relacionar a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque con la perdida de la millonaria suma

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La Fiscalía General de la Nación habría pedirá principio de oportunidad para testigo clave en los casos de Centros Poblados y EMCALI. REUTERS/Luis Jaime Acosta
La Fiscalía General de la Nación habría pedirá principio de oportunidad para testigo clave en los casos de Centros Poblados y EMCALI. REUTERS/Luis Jaime Acosta

La investigación sobre los casos Centro Poblados y EMCALI continúa, dentro de ambos procesos, existe un testigo en común, Juan José Laverde, que ha permitido capturar y relacionar personas claves como Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, exrepresentante de la Unión Temporal Centros Poblados, Ottomar Lascarro Torres y Jorge Alfonso Molina García Mayorga.

Laverde fue uno de los primeros en llegar en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, inicialmente logró que el ente acusador aceptará que pagará 48 meses de prisión, si aceptaba que había incurrido en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Sin embargo, pasado unos meses Caracol Radio conoció que el testigo clave podría ser beneficiado con el principio de oportunidad, es decir, recibiría inmunidad penal por las pruebas y el testimonio que ha aportado en ambos casos.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso la emisora colombiana, el testigo habría aportado pruebas claves para determinar la relación de Emilio Tapias, una vez más en un caso de desfalco a la Nación y en el caso de Duque, como habría prestado la firma para desviar algunos fondos que habían sido destinados para la conectividad de zonas rurales del país, en ese momento, para que los niños y niñas tuvieran acceso a la educación.

En la imagen Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, investigados por el escándalo de Mintic.
En la imagen Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, investigados por el escándalo de Mintic.

Pero no solo eso, sino que habría aportado las pruebas suficientes para demostrar que los mismos que estaban tras la perdida de más de $70.000 millones de pesos, estaban relacionados en la falsificación de documentos para quedarse con dos contratos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino fase uno de EMCALI, por un valor de $6.212 millones. Sumado, para poder acceder a los beneficios, el sujeto habría aceptado su culpabilidad y con esto, de forma simbólica habría devuelto $186 millones que obtuvo de manera ilegal en el caso Centros Poblados.

Es por eso, que bajo el argumento de la plena colaboración en el caso, la Fiscalía pide que se le dé el beneficio máximo a Laverde:

“Se solicita PRINCIPIO DE OPORUTNIDAD PARCIAL en la modalidad de SUSPENSIÓN, respecto de los delitos de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD DE DOCUMENTO PRIVADO por la venta de experiencia de las empresas OMEGA BUILDING E ICM INGENIEROS, asi como el delito de ENRIQUICIMIENTO ILICITO por el dinero que recibió por este negocio con lo cual tuvo un incremento patrimonial producto de esta actividad delictiva; dinero que ya devolvió en su totalidad”, se lee en el documento entregado por el ente acusador a un juez.

Asimismo, también se solicitó el principio de oportunidad total por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado por los cupos de crédito falsos en el caso de EMCALI.

No es el único que ha obtenido un preacuerdo con la Fiscalía, pues hace algunas semanas se dio a conocer que Tapias también logró negociar con la institución, como lo mencionó la W Radio, sin haber dado prueba alguna o entregar información a favor de la investigación para poder recuperar el dinero que servirá para ampliar la conectividad de niños y niñas en estado de vulnerabilidad económica en zonas rurales del país.

“El insólito preacuerdo fue hecho a instancias de la fiscal Andrea Muñoz, pero su principal impulsor ha sido el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Eduard Alirio Calderón”, señaló el periodista Daniel Coronell sobre el preacuerdo y agregó que en enero será presentado a un juez debido a que el fiscal Francisco Barbosa ya dio su parte positivo al proceso.

Si el preacuerdo se diera, el acusado tendría que pagar solo 55 meses de cárcel y devolvería una suma simbólica, menor de 2.000 millones de pesos, valor que equivale a cerca de un 2 % de lo que perdió la nación con el desfalco. Además, lo único que haría sería aceptar los cargos en su contra, que son por falsedad y fraude procesal que hasta el momento había negado, señalando que nunca supo nada de lo que pasó al interior del proceso, pese a ser uno de los encargados.

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