Capturan a policía administrativa por transferir dinero público a su familia

En la mañana de este miércoles 14 de diciembre, en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional, en el noroccidente de Bogotá, fue capturada una uniformada que trabajaba en la Dirección Administrativa y Financiera de ese cuerpo armado. A la mujer la acusan de haber manipulado el sistema informático que le habían confiado para extraer más de 200 millones de pesos de las arcas de la institución.

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, que hace las veces de ente acusador para los uniformados, informó de la captura a través de un comunicado de prensa. En la misiva dice que se adelantó una operación denominada “Desfalco” con el propósito de encontrar el destino del dinero faltante. En el curso de la investigación, notaron que la mujer habría transferido este dinero a sus familiares.

La orden de captura fue solicitada por la unidad, emitida por un Juez Penal Militar y Policial de control de garantías y concretada este miércoles. La mujer será procesada por los delitos de peculado por apropiación en modalidad de tentativa, fraude procesal, desobediencia y acceso abusivo a sistema informático.

Uno de los motivos por los que esta noticia ha tenido tanto eco es el interés del director de ese ente acusador, José Reyes Rodríguez, por investigar casos de corrupción en el organigrama de la fuerza pública. Para él, la sociedad civil ha asociado la justicia militar con impunidad, pero es un problema que se puede corregir.

“Yo me enteré que hace unos dos años, aquí había un número de peticiones que superaba las 2.000 o 3.000, que nunca habían sido respondidas. La administración anterior le puso el foco y dejó ya poquitos. Ahora nosotros vamos a potenciar eso. Las instrucciones ya están dadas”, le dijo Reyes a la agencia Colprensa.

A propósito de las irregularidades en ese cuerpo armado, este mismo miércoles se conoció que la Procuraduría General de la Nación decidió absolver al exdirector de la Policía, general (r) Óscar Atehortúa, por el proyecto de viviendas fiscales Cenop, en el municipio de San Luis, departamento del Tolima.

A esta conclusión llegó el Ministerio Público al determinar que Atehortúa no incurrió en irregularidades en este proyecto cuando era director general del Fondo Rotatorio de la Policía. Tampoco incurrió en faltas en el trámite de acciones disciplinarias por estos hechos cuando estuvo frente a la Inspección General de la Policía, en 2018, porque no conoció la indagación preliminar desde el inicio.

”La Entidad sostuvo, al igual que la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, que Atehortúa, en su calidad de gerente del Fondo Rotatorio y responsable de adelantar la revisión de la obra de las unidades de vivienda y velar por la ejecución del contrato, recibió la obra y verificó su calidad”, explicó la Procuraduría.

Sin embargo, hizo la salvedad de que, al ser director de la Policía y en ese orden el responsable del personal que pertenezca a esta, el investigado debía tener presentes los términos legales de cualquier proyecto que tuviera relación con la institución. En ese sentido, no hubo una extralimitación de sus funciones a la hora de verificar el estado del proyecto.

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