Este 14 de diciembre, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió al decreto con el que el Gobierno nacional espera liberar a varios jóvenes apresados por hechos ocurridos durante las protestas de 2021, con el fin de nombrarlos como gestores de paz. Aseguró que se espera que antes de Navidad 20 de ellos recuperen su libertad para nombrarlos en el cargo mencionado, y que no todos serían de la denominada ‘Primera Línea’.
Por otra parte, indicó que la decisión final sobre la libertad de los miembros de la Primera Línea para nombrarlos gestores de paz será del presidente Gustavo Petro y no de la rama judicial; agregó que la comisión intersectorial para promover la reconciliación y la participación ciudadana no estará integrada por ningún juez.
A través de su cuenta de Twitter, el ministro explicó a detalle el famoso decreto, considerando que es una medida que busca la reconciliación, y hace parte del fortalecimiento de la paz.
Según el jefe de cartera, todo depende del Gobierno nacional, pues la designación del beneficio es de atribución presidencial; pues su competencia le permite designar a integrantes de grupos sociales como voceros del proceso de paz, a su vez, trajo a colación la ley 2272 de 2022, la cual atañe todo el proceso que implica el denominado Servicio Social para la Paz.
De igual forma, añadió que dicho concepto ya tenía un precedente, pues algunos miembros de grupos armados en el pasado, fueron designados como voceros a la hora de abordar temas de paz, empero, destacó que en esta oportunidad el papel lo cumplirían personas ligadas a organizaciones de carácter social.
“La figura ya existía y varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a miembros de grupos armados. Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias. ¡Claro: se trata de la paz total”.
Entretanto, fue contundente al aseverar que es una ley que tanto oposición como favorecedores de la misma deben respetar, argumentando que no hay espacio para la “observación selectiva de la ley”. De igual manera, aclaró que este proceso no se trata de una medida de indulto o amnistía, pues se trata de un beneficio transitorio en pro de la paz, aunque los cargos penales continuarán vigentes.
“No es indulto ni amnistía. Los voceros quedarán en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden y seguirán vinculados a los procesos penales. La medida ha sido útil en procesos de paz anteriores”.
La creación de una comisión para aconsejar al presidente sobre el proceso, recibió el beneplácito del ministro de Justicia, pues señaló que esta permitirá acuñar lineamientos para la efectividad de la medida. No obstante, sugirió que los voceros designados no tengan un antecedente de condena, añadiendo a su pronunciamiento, que es necesario eliminar cualquier tipo de estigmatización relacionada con la protesta.
“Recomendaremos que no se designe como voceras a personas condenadas. El gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto. Quisiera llamar la atención, eso sí, sobre la inconveniencia de una narrativa que estigmatiza y criminaliza la protesta social”, destacó.
El análisis sobre la génesis del estallido social que sacudió a Colombia, es necesario para el jefe de la cartera de Justicia, pues señaló que hace parte del reconocimiento de las injusticias en el país, explicando que hace parte de un proceso distinto y que no implica propiamente la intervención policial.
“Si queremos reencontrarnos como sociedad y tener un futuro sin violencia, tenemos que entender las causas del estallido social de los años recientes y reconocer que las injusticias sociales no se solucionan con la fuerza pública ni con el derecho penal”, sostuvo.
El ministro de Justicia instó a todo el país a guardar prudencia, solicitando un análisis minucioso y exento de prejuicios: “El discurso desinformado no es útil para el fortalecimiento de la opinión pública ni fomenta debates de calidad. Hago un respetuoso llamado a la serenidad y al análisis racional de las normas recientemente expedidas”, concluyó.
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