Siguen las irregularidades en la SAE, denunció la Contraloría: 1.638 predios de la mafia no tienen administrador

Tras el cambio en la dirección de la Sociedad de Activos Especiales se denunciaron irregularidades en la administración de los predios extinguidos a la mafia, que ya ascienden a 1.638 que debían ser administrados por esa entidad, pero no se encuentran bajo la responsabilidad de nadie.

Así lo determinó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, que presentó el balance de los 100 días de la llegada de Carlos Hernán Rodríguez a esa entidad, quien asumió la labor encomendada por el presidente Gustavo Petro.

Elvia Otero, directora de la DIARI, señaló que desde la unidad han revisado alrededor de 27.000 predios a través del cruce de bases de datos entre la ventanilla única y los que han sido cobijados con medidas cautelares. En ese proceso se identificaron los activos que no están siendo administrados por nadie, después de haber sido extinguidos en el dominio por las autoridades.

Aún hace falta revisar otros 4.000 para determinar la cantidad de los predios registrados en el Registro de Instrumentos Públicos y los que están inventariados en la SAE, para determinar la cantidad. Se adelanta un estudio para determinar cuáles es el estado de esas propiedades que deberían representar recursos para el Estado.

“Se trata de identificar primero cuál es esta cantidad de bienes y en manos de quién están para poder decir que el Estado tiene una cantidad de bienes que debe administrar y hasta el momento no lo está realizando”, señaló la directora de la DIARI a este medio.

Es posible que esta insuficiencia de la entidad encargada para asumir la administración de las propiedades puede generar un detrimento patrimonial por recursos que dejaron de recibir por su venta, arrendamiento o uso, pero no es posible hasta el momento determinar la cifra total. Por ejemplo, 1.110 predios están ubicados en Bogotá y suman un valor catastral (2002) de $54.369 millones de pesos.

A través del análisis también se pudo concluir que de cada 100 predios a los se les define la situación jurídica, más del 50 % se termina devolviendo a sus propietarios por improcedencia de la extinción de dominio y apenas la mitad pasan a la administración del Estado. La DIARI determinó que hay 6.634 predios con medida cautelar de extinción de dominio, de los cuales sobre 2.465 la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños.

Este informe, de acuerdo con el contralor Rodríguez, será entregado al presidente Petro para que sean las entidades correspondientes las que asuman el control de esas propiedades y se defina su situación. Esta es una de las líneas estratégicas del organismo fiscal en los primeros meses.

Hemos detectado un gran desorden, un alto grado de ineficiencia, de ineficacia y cuando se suma eso, es un caldo de cultivo de corrupción. Termina siendo un negocio: ‘Camine vamos a que nos alquile la SAE’, aquí el machete es conseguirse un predio de la SAE, rural o urbano; que urbano terminan entregándoselo por cualquier cosa y rural usted lo pone a producir y le toca pagar una cifra mínima. Terminó siendo un negocio no para el Estado, sino para particulares”, señaló el contralor Rodríguez.

El jefe del órgano fiscal señaló que allí se van a demostrar irregularidades, pero también permitirá establecer las deficiencias en la administración de los recursos del Estado que continuarán adelantando. Con estos predios el Gobierno ha logrado reparar a víctimas y, también, a que la Universidad del Valle tenga una infraestructura para su facultad de derecho.

Esta indagación se suma a la que realiza la entidad a la Unidad Nacional de Protección y la Aerocivil, que están en investigación. Así mismo, avanzan en procesos de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por la reconstrucción de Mocoa tras la avalancha del 2017. Putumayo es uno de los territorios priorizados junto con La Guajira y Chocó para las visitas fiscales del próximo año.

Rodríguez anunció que no descartar abrir nuevamente procesos de responsabilidad fiscal de Hidroituango, pero esperan que se ponga en funcionamiento el proyecto para adelantar las indagaciones sobre su construcción. Además, señaló que le parece “profundamente grave” que no haya una póliza todo riesgo para la entrada en operación.

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