El Gobierno nacional prolongará, por tercer año consecutivo, los decretos 560 y 772 de 2020 que dictan las medidas especiales para empresas o negocios en Colombia que se declaren en proceso de insolvencia económica. Estas medidas se desarrollan con el fin de prevenir el cierre definitivo de los negocios en el marco de la emergencia social, económica y ecológica generados tras la pandemia por covid-19 en 2020.
Las medidas judiciales se firmaron el primero de abril del 2020, y desde esa fecha se registró la preocupante cifra de 3.363 solicitudes entre el primer año de pandemia hasta el 9 de diciembre del año en curso. Por esta razón, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Sociedades, prolongó esta legislación hasta el 31 de diciembre de 2023.
Según indica el comunicado oficial publicado por la entidad, del total de las solicitudes, 61.87 % (2.081) corresponde a procesos creados con el Decreto Legislativo 772 de 2020 para pequeñas insolvencias, el 22.42 % (754) corresponde a los procesos de reorganización y liquidación ordinarios previstos en la Ley 1116 de 2006 y el 15.70 % (528) restante a procesos NEAR, trámite creado por el Decreto Legislativo 560 de 2020. Finalmente, el 77.57 % de los deudores en crisis hacen uso de los mecanismos creados con los decretos legislativos.
Desde otras entidades públicas se han gestionado los procesos ante la crisis económica existente en el país, así lo comunicó Supersociedades en el documento publicado en su sitio web, “con el apoyo de diferentes entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN, ponentes del Congreso y congresistas que participaron activamente en la reforma, gestionamos la prórroga de los decretos”.
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Por otra parte, se confirma que esta es una medida que ha dado resultados y que contribuye con la continuidad de los negocios que no solo mueven un alto porcentaje de la economía nacional, también generan un número importante de empleos en el país.
“Los mecanismos que se crearon en su momento han tenido un gran impacto en los procesos de insolvencia tramitados ante la Entidad, con el objeto de salvar empresas. Ahora bien, el reto de cara al año 2023 es lograr que estos mecanismos se mantengan de manera permanente y se actualice el régimen de insolvencia ante el Congreso de la República”, señaló en el escrito el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
Las medidas se ejecutan para brindar apoyos como descongestión judicial y mecanismos para facilitar la financiación de la deuda que tenga la empresa, intervenir en los acuerdos de reorganización y protección y así evitar que estos negocios sean cerrados definitivamente.
Los decretos contemplan medidas especiales en materia de Insolvencia como:
— Procesos Extrajudiciales de Reorganización para dar una solución pronta y efectiva de la crisis de la empresa: Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (NEAR) y Procedimiento de Recuperación Empresarial ante las Cámaras de Comercio (PRES).
— Procesos de insolvencia especiales para micro y pequeñas empresas: reorganización abreviada y liquidación simplificada.
— Medidas de descongestión judicial.
— Mecanismos para facilitar la financiación, la aprobación de los acuerdos de reorganización y la protección de la empresa.
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