En medio de la audiencia de verificación de preacuerdo para Juan José Laverde Martínez, corredor de seguros de la empresa de seguros que le dio la póliza a la Unión Temporal Centros Poblados, la jueza 40 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá determinó que la exministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen Abuchaibe, no es una víctima en este proceso. Asimismo, se tramitó un principio de oportunidad a favor del señor Laverde.
En la diligencia, que tuvo lugar este miércoles 14 de diciembre, la jueza declaró como víctimas al Ministerio TIC, la Aseguradora BBVA, el Banco Itaú y el Fondo Nacional de Garantías. Sin embargo, la togada negó esa calidad para la exfuncionaria y la empresa CES Colombia.
La representación legal de Abudinen —dijo la jueza— no pudo justificar que las acciones del señor Laverde le causaron un daño real y concreto a ella, como persona, aunque sí es evidente el daño contra el erario y el ministerio. Por eso, le recomendó a la exfuncionaria que busque ser reconocida como víctima “en otros procesos penales y administrativos en donde se acredite el verdadero daño relacionado con los procesados”.
“La afectación del buen nombre y el de su familia fue creado, al parecer, frente al respectivo caso de manera general y no por la conducta atípica indirecta atribuida a Juan José Laverde en esta actuación. Por tanto, se insiste en que no hay una relación directa entre la afectación y perjuicio alegado por los delitos anunciados en este proceso en el que pueda ser atribuible su condición de víctima”, dijo la jueza.
Esta explicación no resultó convincente para Abudinen, porque su abogado anunció que presentará recurso de apelación. Como a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le corresponde resolver ese recurso, tuvo que suspenderse la revisión del preacuerdo entre Laverde y la Fiscalía General de la Nación.
El principio de oportunidad
Con respecto al señor Laverde —quien fuera corredor de seguros en la empresa Rave y adquirió una garantía de seriedad falsa para Centros Poblados, porque ninguna aseguradora estaba dispuesta a vender una real—, desde la emisora Caracol Radio supieron que el ente acusador estaría tramitando un principio de oportunidad a su favor.
Esta posibilidad de suspender la acción penal contra Laverde se abrió porque él se ofreció a dar testimonio cuando fue capturado. Gracias a la información que dio, la Fiscalía pudo encontrar otros posibles delitos dentro de Centros Poblados. Además, se pudo capturar a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, exrepresentante de la polémica unión temporal.
Por otro lado, el acusado ya devolvió su tajada de 186 millones y ayudó a destapar otro contrato irregular: el de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino fase uno de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), que también se adjudicó a Centros Poblados por más de seis mil millones de pesos.
El documento pide un principio de oportunidad total por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, por los cupos de crédito falsos en el caso de Emcali. Además, pide oportunidad parcial por fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.
Si el principio de oportunidad es aprobado, Laverde estará obligado a testificar contra Tapia, Ottomar Lascarro Torres y Jorge Alfonso Mayorga.
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