La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio garantizar que en el Plan Nacional de Desarrollo sean incluidas ofertas de viviendas urbanas y rurales exclusivas para las víctimas de desplazamiento forzado, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional.
En la comunicación enviada, el Ministerio Público indicó que: “el Gobierno nacional debe garantizar la asignación de subsidios de vivienda con líneas específicas para esta población víctima”.
El órgano de control enfatizó que es necesario definir la manera en que se va a garantizar el acceso a los subsidios de quienes perdieron sus viviendas como consecuencia del conflicto y que, por su condición socioeconómica, no cumplen con los requisitos para figurar en los registros de Prosperidad Social.
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La Procuraduría también advirtió que dicha cartera se debe comprometer a ejecutar los proyectos de vivienda urbana y rural que se han prolongado en su desarrollo hasta por diez años, para así, ofrecer una solución a las familias afectadas.
Los esfuerzos que se realicen permitirán “la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población desplazada y el avance en el camino a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado”, concluyó la Procuraduría.
En esta materia, ciudades como Bogotá y Medellín han desarrollado proyectos de subsidios de vivienda para las personas víctimas del conflicto armado en el país.
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Por ejemplo, en agosto pasado la Alcaldía de Bogotá entregó subsidios de vivienda y asentamiento a 150 familias vulnerables, las cuales entraban en el marco de víctimas del conflicto armado o estaban ubicadas en zonas de alto riesgo.
Las nuevas viviendas fueron entregadas en la localidad de Usme, al sur de la ciudad, a hogares con jefatura femenina, con adultos mayores o personas en condición de discapacidad.
Otro de los esfuerzos que se plantea desarrollar es la propuesta, por parte de organizaciones de víctimas del conflicto en Medellín, para crear un proyecto de vivienda metropolitano cuyos beneficiarios sean personas que sufrieron las consecuencias de la guerra en el país.
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La propuesta se dio a conocer durante la segunda sesión 2022 del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), donde las víctimas le pidieron al alcalde Daniel Quintero viabilizar ante el Gobierno de Gustavo Petro, la posibilidad de desarrollar un plan de acción para las víctimas ubicados en el Valle de Aburrá.
El alcalde Quintero aseguró que el Gobierno ha manifestado la voluntad de destinar tierras para avanzar en la justicia social.
“Yo creo que ahí hay una coincidencia de propósitos. El Gobierno nacional está hablando, por ejemplo, de los predios de la SAE, donde hay unas oportunidades gigantes en términos de tierras. Medellín es una ciudad de 700.000 víctimas registradas, y no es un reto sencillo. Y cuando hay retos los podemos resolver si trabajamos juntos, y con lo de la SAE vamos a tener, seguramente, más tierras y eso va a habilitar la posibilidad de construir más viviendas en la ciudad”, precisó el alcalde.
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