Procuradora Margarita Cabello cuestionó la posible excarcelación de miembros de la primera línea

Sigue la controversia por la posible liberación de los supuestos miembros de la primera procesados por cometer delitos, y ahora a las críticas se suma la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien cuestionó que sea el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, quien tenga la potestad absoluta de escoger a quien se exacarcela y se le otorga la facultad de ser gestor de paz.

“Hay que tener en cuenta, y eso también le preocupa a la Procuraduría, y es hasta qué punto esa ley le entregó libertad completa al (jefe de Estado) para poder determinar quién es o no vocero especial entre los que están detenidos y que puedan aportar a la conflictividad social”, indicó.

La titular del Ministerio Público agregó que los requisitos para llevar a cabo ese proceso tiene que darse en el Legislativo.

“Mirando aquí la ley, se establece de alguna manera, o crea unos nuevos voceros, que son los integrantes de organizaciones sociales y humanitarias que pueden aportar el proceso de paz”, sostuvo.

Recordó que las personas que sean excarceladas deben contar con reconocimiento de las organizaciones ilegales que llevn diálogos con el Gobierno.

“Pero esos nuevos Voceros tienen que seguir las reglas generales artículo quinto de la ley 2272, en donde exige que cualquier Vocero tiene que tener reconocimiento de esos grupos armados por un lado y, además su consentimiento expreso”, argumentó.

La procuradora reiteró que cómo se está planteando esa excarcelación, se estaría violentando la separación entre poderes.

“Podría entregarse a una comisión la regulación de cómo van a escogerse a esos voceros. Habría ahí un poquito de violación del principio de separación de poderes, para poder sacar a esas personas detenidos preventivamente o detenidas por la ley. Ahí quedan esas dudas”, concluyó su interrogantes.

Desde que se conoció el decreto con el que se busca que los procesados por delitos durante las manifestaciones del paro nacional en contra del entonces Gobierno del expresidente Iván Duque, se desató una tormenta política y un debate jurídico respecto a la legalidad de esta iniciativa con la que el actual jefe de Estado se comprometió a que los jóvenes de la primera línea privados de la libertad pasen la Navidad con sus familias.

De hecho, para el miércoles 14 de diciembre se tiene programada una reunión entre el presidente Petro y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para analizar los alcances de la mencionada normativa.

“No entiendo bien la figura de gestor de paz que se habla dentro del decreto. Tocaría explicarle al país exactamente vocero de quién o de qué y en el marco de qué proceso de paz”, señaló Barbosa.

Sobre este escollo que le faltaría más ilustración, por lo menos para la procuradora y el fiscal, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó en la revista Semana que se contará con una Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana que se encargará de evaluar quienes son candidatos para que accedan a la excarcelación y la decisión final la tomen operadores judiciales.

“Los jueces de la República son la última palabra frente a cualquier salida de estas personas, en ese sentido creo que la Fiscalía lo que hace es estar pendiente de ese procedimiento”, añadió el fiscal sobre ese tema.

Una línea roja, sobre este tema, es el caso de Sergio Andrés Pastor, conocido como alias 19, quien fue condenado a 14 años de cárcel por tortura y secuestro.

“La Fiscalía considera que no puede quedar en libertad una persona como alias 19 o cualquier persona que haya cometido delitos graves, homicidios y haya sido condenado por la justicia”, argumentó el titular del ente acusador.

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