Cuando fue presentado ante el Congreso el Informe Final de la Comisión de la Verdad, a finales de agosto de este año, el padre Francisco de Roux, otrora presidente de esa entidad, dejó en claro que ese extenso documento que narra las dinámicas del conflicto armado en Colombia, no contiene una verdad absoluta sobre el papel que cumplieron cada uno de los actores armados dentro de la continuación de la guerra interna.
Dicho informe contiene varios documentos anexos, y uno de ellos, de puño y letra por el mismo sacerdote, hace tres salvedades concretas sobre las 9000 palabras que lo componen. Una de ellas tiene que ver con los ‘falsos positivos’, pues de acuerdo con el volumen de Hallazgos y recomendaciones detalla que esta práctica de presentar a jóvenes inocentes como guerrilleros abatidos en combate fueron propiciados “por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares”; es decir, que hacía parte de la política de seguridad implementada entre 2002 y 2008.
En el anexo, el padre De Roux se distancia de esa posición afirmando que no estaba de acuerdo en replicar que esa dinámica “se trató de una política de Estado para matar a inocentes” y recordó que las normas premiaban y se otorgaban diversos incentivos a quienes presentaran bajas en combate.
“La Comisión muestra que hubo un comportamiento generalizado y sistémico que los superiores permitieron se diseminara, a pesar de las muchas denuncias, con pocas excepciones sistemáticamente negadas, sobre la gravedad de lo que estaba pasando, cuando paradójicamente, en el clímax de los asesinatos, había una política pública de formación en Derechos Humanos en la institución militar”, precisa el jesuita en el documento de tres páginas, en el cual también reconoce su responsabilidad en la verdad y por qué no le dio amplitud a la labor de la Iglesia católica en la construcción de paz.
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Este hecho, además de aclaratorio por parte del expresidente de la Comisión, fue sin precedentes, pues ello confirma no solo que hubo un sesgo a la hora de preparar el vasto informe, sino que muestra que, en efecto, no hubo una sola verdad sobre el conflicto y que documentarla puede ser tan escabroso como escuchar los testimonios de millones de víctimas.
Mauricio Jaramillo, analista y profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, habló con Infobae Colombia sobre este mea culpa del padre De Roux y señaló que se puede hacer una doble lectura sobre el papel que debe cumplir el Estado para el fin del conflicto y la forma en que fue elaborado el Informe Final.
“La primera es reconocer que hay una exigencia mayor al Estado, porque es el establecimiento y es el que está llamado a ejercer la legalidad, la legitimidad y el que en el discurso aparece como el actor legítimo, el que tiene el monopolio legal de la violencia” dijo el académico. En ese sentido, apuntó a que el expresidente de la entidad que nació del Acuerdo Final de Paz reconoció que hay un sesgo en el Informe Final.
Para el académico, ese reconocimiento permite entender que la Comisión no estuvo compuesta “por ángeles, sino por personas, y todas las personas tienen un sesgo que, de hecho, hacen bien en reconocerlo. Lo grave es cuando la gente se presenta como objetiva 100 % cuando en realidad todos sabemos que hay una línea”.
Ahora, con respecto al segundo análisis, Jaramillo Jassir expuso a este medio que el desacuerdo de De Roux con que los ‘falsos positivos’ fueron política de Estado, lo distancia de las críticas que había lanzado el uribismo en su contra y concretamente, la senadora María Fernanda Cabal “cuando en varias ocasiones dijo que era un jesuita marxista que estaba del lado de las Farc”.
“Creo que el hecho de decir que efectivamente fueron elementos aislados y que no había una voluntad del Estado, reconcilia en parte la verdad de los ‘falsos positivos’ que ha dado el propio —Álvaro— Uribe en la Comisión de la Verdad. De hecho reconoció que esos hechos pudieron haber ocurrido pero que se habían hecho traicionándolo a él”. De igual manera, señaló que su postura lo pone “a medio camino” entre lo que ha planteado el uribismo y buena parte de la derecha colombiana, con las posiciones del progresismo sobre las causas de esas muertes ilegítimas.
“Con esto —Francisco de Roux— se pone un poco en la mitad, lo cual seguramente le va a valer muchas críticas del lado de quienes consideran que efectivamente fue sistemático, deliberado y planeado”, explicó Mauricio Jaramillo sobre los ‘falsos positivos’ y su postura frente a esta dinámica del conflicto.
Más allá de ese reconocimiento, el sacerdote también suscribió en el anexo que en esos crímenes, “repetidos miles de veces en muchas de las brigadas”, hay responsabilidad ética, corporativa, histórica y política que debe ser reconocida de manera pública por el mismo Estado, las Fuerzas Militares, presidentes de la República y ministros de Defensa.
“El punto de esta aclaración es mi convicción de que no estamos ante una política de Estado, como no son política de Estado la corrupción y la impunidad analizadas también por el Informe Final como crímenes gravísimos que contribuyen a perpetuar el conflicto”, concluye Francisco de Roux en el documento titulado ‘Aclaraciones Informe Final’.
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