Al menos 12 personas fueron asesinadas por la fuerza pública: Temblores ONG

Desde la organización se asegura que lo vivido el 8, 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá fue una masacre

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Las víctimas del 9S denuncian hostigamientos y amenazas que han impedido el restablecimiento de sus derechos y la reparación. Foto: Archivo Infobae.
Las víctimas del 9S denuncian hostigamientos y amenazas que han impedido el restablecimiento de sus derechos y la reparación. Foto: Archivo Infobae.

Los bogotanos difícilmente podrán olvidar la muerte de Javier Ordoñez a mano de policías del CAI de Villa Luz, así como las protestas que terminaron en desmanes y su manejo desproporcionado por la fuerza pública. Sin embargo, dos años después parece que no se han esclarecido los hechos. Por esta razón, el 12 de diciembre, ante el Concejo de Bogotá, la organización Temblores ONG presentó los resultados de su investigación sobre los días 9 y 10 de septiembre del 2020.

El informe presentado se titula “Ni un minuto de silencio: 9S sin olvido” y se construyó en el transcurso de dos años con la intención de esclarecer los hechos. Según la ONG, la Policía sería responsable de: 178 hechos de violencia, 271 víctimas, 139 víctimas de violencia física, 31 víctimas de impactos por armas de fuego, 12 homicidios, 4 casos de violencia sexual, 163 personas retenidas de forma arbitraría y 15 agresiones con armas no convencionales.

“Durante la pandemia fue a la policía a la que se le otorgó el poder de decidir quiénes podían estar en el espacio público y quienes no, al ser los responsables de hacer cumplir las medidas sanitarias en el espacio público. Esto sumado a la crisis social y económica derivada de la pandemia, que afectó diferencialmente a ciertas poblaciones que necesitaban hacer uso del espacio público para sobrevivir.”

Desde el Concejo de Bogotá los representantes de Temblores explicaron que existieron antecedentes que configuraron una tensión social que desembocó en la situación. Entre los hechos se encuentra el aumento en los comparendos impuestos durante el periodo de cuarentena, comprendido entre marzo y agosto, el hacinamiento en centros carcelarios y de detención, en algunos casos del 300 % como es el caso de Mártires y Tunjuelito. Así mismo, también se consideró la masacre en la cárcel la Modelo del 21 de marzo y el incendio del CAI San Mateo (Soacha) del 4 de septiembre.

El informe presentado se titula “Ni un minuto de silencio: 9S sin olvido” y se construyó en el transcurso de dos años con la intención de esclarecer los hechos. @TembloresOng. Twitter.
El informe presentado se titula “Ni un minuto de silencio: 9S sin olvido” y se construyó en el transcurso de dos años con la intención de esclarecer los hechos. @TembloresOng. Twitter.

El documento denunció que la cifras disponibles en los organismos de gobierno no se corresponden con las registradas por la ONG y que la información recibida en ocasiones fue evasiva, incompleta e imprecisa.

Lo anterior no sería lo más grave, las denuncias y procesos de investigación se encuentran estancados, pues solo se han presentado resultados en algunos de los policías relacionados con el caso de Javier Ordoñez.

Las víctimas denuncian hostigamientos y amenazas que han impedido el restablecimiento de sus derechos y la reparación. Las trabas han impedido que tanto las víctimas, como sus redes de apoyo, puedan garantizar las condiciones de no repetición y no victimización.

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Desde Temblores ONG se solicita que los policías involucrados sean desvinculados mientras se cursan las investigaciones. @tembloresOng. Twitter.
Desde Temblores ONG se solicita que los policías involucrados sean desvinculados mientras se cursan las investigaciones. @tembloresOng. Twitter.

Desde Temblores ONG se concluye que los abusos cometidos presentan semejanzas en los barrios de Verbenal, Gaitana, Rincón y Aures. Estos serían configurados por la criminalización de los jóvenes que ocupan el espacio público y su exclusión en escenarios de decisión, el enfoque de guerra contra las drogas que recae en la fuerza pública y que lleva a estigmatizar a los consumidores.

Finalmente, el documento presentó una serie de recomendaciones a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y la Alcaldía de Bogotá. En el primer caso, se solicita que los policías involucrados sean desvinculados mientras cursan las investigaciones, que no exista represión contra víctimas y familiares y sus actos de conmemoración sean respetados y la instalación de cámaras en espacios controlados por las autoridades.

A la Fiscalía se le pide que los hechos denunciados no se tomen como actos de servicio, se investiguen las alertas tempranas denunciadas por la Defensoría del Pueblo y que el CTI brinde claridad a las víctimas frente a los procesos en curso. Mientras que al ministerio público, se solicita, adelantar las medidas correspondientes a los funcionarios.

En el caso de la alcaldía, pidió que Claudia López cumpla sus promesas de reparación, un manejo integral a los problemas de seguridad ciudadana y gestionar de la mano de los procesos de base escenarios que permitan la conmemoración en las fechas pertinentes.

Acá puede consultar el documento.

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