El presidente Gustavo Petro firmó el pasado 9 de diciembre el decreto 2422 para otorgar la libertad a varios de los jóvenes capturados durante las protestas sociales en 2021, que incluye también a los miembros de la denominada Primera Línea para nombrarlos como gestores de paz.
Este decreto establece la creación de una comisión intersectorial para promover la reconciliación y la participación ciudadana, en la que participará el ministro del Interior (Alfonso Prada), el ministro de Justicia (Néstor Osuna), el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y el director del Dapre (Mauricio Lizcano); todos ellos podrán designar delegados.
La Comisión tendrá entre sus funciones “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.
Además, deberá definir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.
Según el decreto, la Comisión deberá reunirse regularmente por lo menos una vez trimestralmente y podrá hacerlo de forma extraordinaria si alguno de sus integrantes lo requiere. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz estará a cargo de la secretaría técnica y las decisiones del órgano se tomarán con la mitad más uno de los asistentes.
Los voceros pueden ser, según el decreto:
- Personas de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participen en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos.
- Un ciudadano que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia.
- Quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.
De tal manera que la Comisión estará a cargo de estudiar y crear las condiciones para los casos de los jóvenes que serán liberados para ser voceros. El ministro Iván Velásquez aclaró que estos procesos no significan que se vaya a concluir con las investigaciones y que no se cuestionarán las pruebas ni la revisión de los procesos judiciales.
“Se debe examinar caso por caso, esta decisión no significa conclusión de procesos ni de investigaciones, es una decisión referente a la privación de libertad de las personas que resulten designadas como promotores, definir cuál sería la naturaleza de los delitos si hay exclusiones a quienes se dirigiría, si están condenados imputados, eso tiene que ver con la actividad de la comisión”, explicó el ministro sobre el decreto.
“La tarea de nosotros no es cuestionar respecto a las pruebas que existan, no es hacer una revisión de los procesos, es solo definir de acuerdo a los criterios que adoptemos para presentar los nombres al presidente de la República”, añadió.
“La comisión designada mediante el decreto actuará rápidamente, esta misma semana vamos a comenzar con la fijación de los lineamientos y el tema examen de los casos, de acuerdo con lo que declaraba el Ministro de Justicia que tres días después a la decisión presidencial podría estarse produciendo la decisión”, dijo además.
Aquí puede consultar el decreto completo:
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