Polémica por los gestores de paz de la primera línea: esto es lo que opinan funcionarios judiciales y expertos

El presidente Gustavo Petro anunció que con la figura de los gestores de paz, los jóvenes capturados en medio de las manifestaciones deberían poder pasar Navidad en sus casas. Su decisión deberá pasar por los jueces, que aún no tienen claridad sobre el proceso para devolver la libertad a quienes están acusados de graves delitos como terrorismo en medio de la protesta social.

La decisión del mandatario, que hace parte de su propuesta de campaña y de la política de Paz Total, ha generado diversas opiniones de los poderes judiciales. Algunos, como el fiscal Francisco Barbosa, quien considera peligroso ordenar la libertad de procesados ante la justicia.

Aroldo Quiroz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró al diario El Tiempo que la figura de los gestores de paz “apenas se está tejiendo”, pero restan dos semanas para cumplir con el anuncio de que estos jóvenes pasen Navidad en sus hogares.

“Todavía no hay mucha claridad sobre cuáles serán las funciones de estos gestores ni sobre el procedimiento para su liberación, claridades que son necesarias porque esta figura de los gestores de paz tiene unos fines específicos y no puede terminar desnaturalizada”, resaltó Quiroz.

Para el magistrado, la última palabra deberán tenerla los jueces y fiscales, para el respeto de las instancias judiciales, mantener la armonía entre los poderes públicos y por tratarse de procesos en curso. Así mismo, señaló que debe analizarse cada caso que resulta inédito, pues los gestores de paz en procesos anteriores han pertenecido a los grupos armados en negociación, pero en este caso a otro tipo de personas como son manifestantes que cometieron presuntamente delitos en medio del estallido social.

Por esta definición, la medida también fue criticada este domingo por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien señaló que se violan los requisitos mínimos de la figura de gestores de paz. Por un lado, sostuvo que deben ser miembros de grupos armados, que en este caso no se ha probado, para facilitar acercamientos; mientras que en el otro la amnistía cobija delitos relacionados con la rebelión, que tampoco se ha imputado.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó al diario El Espectador que se está preparando un decreto reglamentario para crear una comisión intersectorial que le entregará una lista de candidatos, para que el presidente Petro seleccione a quienes serán designados como voceros o gestores de paz.

El decreto será firmado por los ministerios de Interior, Defensa, Justicia y el Departamento Administrativo de la Presidencia, con base en la Ley 418 que fue prorrogada por el Congreso de la República. Pero aclaró que será la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la que defina las tareas y funciones de los gestores o voceros.

Según dijo, la mayoría de los que han sido judicializados se encuentran en espera de juicio, por lo que las medidas de privación de la libertad no se habrían tomado de manera excepcional. “Se trata de una atribución presidencial conferida por la ley que, ciertamente, les permitirá a los voceros o gestores defenderse en libertad en los procesos penales que se siguen en su contra”, dijo el ministro Osuna al diario citado.

Algunos abogados también consideran como un irrespeto a la Rama Judicial que desde el Ejecutivo se ordenen liberaciones de personas procesadas. “Envía un mensaje negativo a toda la sociedad, afectando así gravemente el respeto a la institucionalidad”, dijo el director de la Corporación Excelencia por la Justicia, Hernando Herrera, a revista Semana.

A ese mismo medio entregó su opinión el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, quien señaló que “al ordenar estas liberaciones masivas en los próximos días está olvidando por completo las funciones que tienen los jueces de la República”, encargados de evaluar las liberaciones.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha sostenido que las decisiones deberán ser tomadas en última instancia por los jueces, después de la selección que haga la presidencia de la República. Así mismo uno de los voceros de esta medida, el representante Alirio Uribe, señaló que serán los jueces de control de garantías quienes van a suspender las órdenes de captura y medidas privativas de la libertad.

SEGUIR LEYENDO: