Dejar los juguetes y la tierra atrás: el desplazamiento de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado

De 1985 a 2019, fueron víctimas de desplazamiento forzado 3.049.527 niñas, niños y adolescentes. Guerrillas, paramilitares y agentes del Estado tienen algún grado de responsabilidad en estos hechos que solo son un eslabón de la cadena de violencias que sufrió esta población, impidiéndoles vivir las primeras etapas de su vida en plenitud, o al menos junto con sus familias.

De los casos ya mencionados, la Comisión de la Verdad escuchó a 2045 víctimas registradas y buena parte de sus testimonios componen el tomo ‘No es un mal menor’ el cual describe las dinámicas que sufrieron los menores durante el conflicto armado. Y si bien el desplazamiento forzado ha sido uno de los problemas de la guerra interna que mayor atención recibe por parte del Estado, esta problemática se viene repitiendo incluso después de la firma del Acuerdo de Final de Paz.

De hecho, uno de los desplazamientos más recientes ocurrió en Putumayo debido a enfrentamientos entre estructuras residuales (disidencias). El Estado, a través de la Ley 387 de 1997 ha buscado la protección y reparación de quienes han sufrido este flagelo; sin embargo, esto no fue garantía de un enfoque diferencial para la atención de casos de niñas, niños y adolescentes. Hasta 2004, la Corte Constitucional declaró el ‘estado de cosas inconstitucional’ y destacó la especial vulnerabilidad de la infancia y adolescencia víctimas de aquel problema.

Sumado a eso, el alto tribunal precisa en el Auto 251 de 2008 que fueron identificados seis riesgos relacionados con el desplazamiento forzado que afectan de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes.

Meta fue uno de esos departamentos donde, desde la década de los 80, se vivió el desplazamiento con intensidad mayor a otras zonas. A ese departamento llegaron campesinos afectados por La Violencia en regiones aledañas. Con la llegada de guerrillas como las Farc y autodefensas creadas en Puerto Boyacá, se perpetraron asesinatos que desembocaron en el exterminio de la Unión Patriótica, pues justamente allí ese partido de izquierda se había asentado de manera democrática en los comicios de 1986.

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“Con la llegada de las AUC se agravaron la estigmatización y el señalamiento de la población acusada de ser colaboradora de uno u otro actor del conflicto, lo que condujo a múltiples hechos de violencia, especialmente de desplazamiento forzado”, detalla la Comisión. De igual manera, detalla varios relatos entregados a la entidad por voz de las propias víctimas que no solo sufrían desplazamiento por parte de las Farc, sino también acoso y otras violencias sexuales.

Así las cosas, testimonios plasmados en ese capítulo evidencian que esa presión ejercida, principalmente por esa guerrilla y grupos paramilitares, no solo sufrieron por el desplazamiento en sí sino por consecuencias de este, como asesinatos contra sus familiares o estigmatizaciones por ser supuestos colaboradores de un grupo u otro.

Otro aspecto que resalta la Comisión es que las niñas y adolescentes sufrieron en gran medida el desplazamiento. De hecho, las mujeres han sido más victimizadas con esta dinámica, pues del total de casos documentados, 3.994.536 fueron contra mujeres, lo que equivale al 51.5 %. “De este modo, el desplazamiento resulta ser un eslabón más en una cadena de violencias contra niñas y adolescentes”, afirma la entidad.

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