Arremetida de Enrique Gómez en contra de Gustavo Bolívar por el nombramiento de la nueva cónsul en Caracas: “eso sí es para guardar silencio”

La nueva diplomática tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por presunta falsedad ideológica en documento público

Guardar
El líder del Movimiento de
El líder del Movimiento de Salvación Nacional acusó a Bolívar de "guardar silencio" Fotos: Colprensa

El nombramiento de Fluvia Elvira Benavides como la nueva cónsul general en Caracas, Venezuela, ha despertado las críticas del excandidato presidencial Enrique Gómez, ¿El motivo?, porque tiene un proceso abierto con la Corte Suprema de Justicia por presunta falsedad ideológica en documento público cuando era cónsul en Chile, en el año 2007. Por ello, acusó a Gustavo Bolívar de guardar silencio ante este nombramiento, teniendo en cuenta que el senador del pacto histórico criticó a funcionarios anteriores.

“Desgobierno Petro nombra a Fulvia Elvira Benavides como cónsul en Caracas, quien está procesada por Corte Suprema ya que Fiscalía indica que cometió falsedad en documento público con visas, pasaportes y papeles del DAS. Eso sí es para guardar silencio ¿Cierto @GustavoBolivar?”, escribió el líder del partido Salvación Nacional.
Criticó el nombramiento de Fulvia
Criticó el nombramiento de Fulvia Elvira Benavides como cónsul en Caracas.

Benavides presuntamente habría expedido documentos consulares y notariales sin estar ejerciendo sus funciones, es decir, sin estar en su lugar de trabajo. Justamente, la Fiscalía General de la Nación presentó el pasado mes de julio las pruebas para acusar a la entonces directora de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Durante su irregular ausencia del 3 al 7 de diciembre de 2007, autenticó documentos públicos a través de etiquetas preimpresas en blanco las cuales fueron usadas por funcionarios del consulado”, dijo la fiscal del caso, Elba Beatriz Silva Vargas.

Según las evidencias, en aquella ocasión fueron expedidas de manera irregular tres visas, dos cédulas de ciudadanía con sello y firma del cónsul, 21 pasaportes, tres renovaciones de cédulas, cuatro registros de nacimiento, un registro civil de matrimonio, 21 supervivencias, doce permisos de menor, un certificado de residencia, 107 legalizaciones de actos notariales, 21 actos notariales y 97 trámites de antecedentes del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

“En la extensión de todos esos documentos públicos con vocación probatoria se consignó una falsedad porque la entonces cónsul, cuando se elaboraron y firmaron esos documentos, no se encontraba en Santiago de Chile, situación que siete meses después justificó con una incapacidad médica”, dijo la fiscal.

“Ella realizaba actos de autenticación, legalización y autorización sin que pudiera verificar y dar fe de la comparecencia de quien se presentó a realizarlas; ella conocía que en estos actos la comparecencia de las personas ante el cónsul era primordial”, agregó.

El ente acusador asegura que la funcionaria estaba en Colombia cuando todas esas certificaciones fueron firmadas y habría justificado su ausencia de siete meses de su lugar de trabajo con una incapacidad médica.

“Justificó tardíamente esa ausencia presentando una incapacidad médica. No se encontraba ese país sino en Colombia, en la semana entre el 3 al 7 de diciembre de 2007, sin conocimiento ni autorización de sus superiores funcionales, ni misionales del Ministerio de Relaciones Exteriores o del jefe de la misión diplomática de la República de Chile y por ende no se encontraba en el ejercicio de sus funciones”, dijo la fiscal.

“La manera en que la entonces cónsul general logró consignar la firma de autenticación de los documentos, pese a su ausencia, fue a través de etiquetas pre-impresas en blanco las cuales fueron utilizadas a su orden por los funcionarios del Consulado. Esta conducta la realizó la excónsul con conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción como lo eran las normas que prohíben la consignación de hechos falsos en documentos públicos, que pueden servir de prueba conforme a la inferencia razonable que surge del análisis sistemático de las evidencias de la investigación”, añadió la Fiscalía.

Por el momento, el senador Gustavo Bolívar no se ha pronunciado al respecto. Se espera que en febrero de 2023 se dé apertura definitiva a los consulados de Colombia y Venezuela, luego de que ambos países restablecieran sus relaciones.

SEGUIR LEYENDO:

Guardar