De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en los últimos 10 años, han muerto 83 internos dentro de las cárceles colombianas como consecuencia de un incendio, y se tiene un reporte de 178 internos heridos por esta causa.
En la noche del 27 de junio de 2022 un incendio cobró la vida de 56 presos en la cárcel de Tuluá en el Valle del Cauca. También este año, en un establecimiento de Santander de Quilichao, murió un interno.
Este sábado 10 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado al Inpec y a la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que, a la mayor brevedad, “tomen las acciones pertinentes para que las cárceles cumplan con las normas técnicas de seguridad contra incendios”.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que este pedido se hace a raíz de la tragedia en la cárcel de Tuluá. La entidad, así mismo, inició una acción preventiva para evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir en los centros penitenciarios del país.
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En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General emitió un informe en el que se refirió a las fallas en los sistemas contra incendios y planes de contingencia en los centros carcelarios del país.
Entre los hallazgos del Ministerio Público se pueden destacar la ausencia de un sistema de aspersión para emergencias dentro de las instalaciones de los penales, carencia de puntos fijos para toma de agua y serias dificultades para realizar una evacuación.
También evidenció la estreches de corredores, problemas de ventilación y puntualmente a que, en promedio, las cárceles del país cuentan solo con 46 extintores, “cantidad insuficiente frente a lo estipulado por la norma técnica que regula el tema de seguridad contra incendios”, señaló el procurador Javier Sarmiento Olarte en su intervención.
Finalmente, Sarmiento aseguró que la carencia de elementos, planes contra incendios y otras catástrofes se presenta en todos los centros carcelarios del país y la manera de resolverlo “es ciñéndose a las normas técnicas estipuladas al respecto”.
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Según el general Tito Yesid Castellanos, director del Inpec, los hechos en la cárcel vallecaucana se presentaron en el pabellón número 8 donde hay cerca de 1.267 sujetos privados de la libertad.
Cuando se presentó el incendio en la cárcel de Tuluá, Gustavo Petro era presidente electo del país. En ese momento dijo que: “lo acontecido en esta cárcel obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y a la dignificación del preso”.
El actual jefe de Estado dijo también que: “el Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación”.
El líder del Pacto Histórico ha dicho que desde su gobierno impulsará una reforma al sistema carcelario del país en cabeza del ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Frente a la problemática del hacinamiento carcelario del país, el ministro de Justicia aseguró que trabajará por realizar una transformación enorme a las cárceles del país, “con una reforma de la guardia penitenciaria y de la infraestructura carcelaria, una política que incluya medidas alternativas, para hacer de los centros penitenciarios sitios de resocialización”.
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