Durante las últimas semanas, en Colombia se han registrado asesinatos que han dejado como víctimas a militares, policías y líderes sociales. A pesar de que el presidente de la República, Gustavo Petro, elogió los primeros resultados de la paz total con los 85 días sin homicidios en Buenavenutra, la realidad en otras zonas del país se refleja un debilitamiento en la acción de la fuerza pública.
De acuerdo con cifras reveladas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los primeros 100 días del Gobierno presentan un descenso en la operatividad de la Fuerza Pública de cerca de un 70% con respecto a 2021.
Por ejemplo, en agosto, hubo tres acciones que involucraron a la fuerza pública, sin embargo, esta cifra aumentó en septiembre y octubre con cuatro y cinco operativos, respectivamente.
“La mayor alerta que genera el balance inicial es la insuficiencia de decisiones y anuncios hechos para contener el homicidio contra líderes sociales. Fue una promesa de campaña y ha sido el esfuerzo central de la nueva política de seguridad durante este trimestre que, a través de un plan de choque, se propuso 29 acciones en cerca de 65 municipios priorizados por el nuevo Gobierno”, alertó la Fundación.
Según los resultados del mencionado informe de la FIP, se conoció que aunque disminuyen las fromas de violencia asociadas al conflicto con el Estado, ha aumentado el asesinato a líderes. En materia de seguridad es la principal bandera del Gobierno de Petro en la que estableció un plan de choque incluyendo los 22 Puestos de Mando Unificado por la Vida.
Con lo anterior, se da una explicación sobre un contexto híbrido de inseguridad y violencia en el que el gobierno de Iván Duque entregó al país: una crisis humanitaria, con una fragmentación creciente de los grupos armados y una diversificación acelerada de las economías ilegales.
Por el momento, así como asegura la Fundación, la Paz Total no ha logrado detener el enfrentamiento entre grupos armados, “un fenómeno que se venía agudizando durante el 2022, pero que registró un incremento de 79% con respecto al mismo trimestre del año anterior (la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz), comparando con los últimos meses del Gobierno Duque”.
Por su parte, el informe, además, revela que casi un 73% de reducción de las acciones contra la Fuerza Pública y 74% contra bienes e infraestructura con respecto al mismo trimestre del 2021, la política de Paz Total parece estar consolidando el desistimiento de los grupos armados de enfrentar militarmente al Estado.
Desde Human Rights Watch (HRW) le pidieron al Gobierno nacional que, cuanto antes, tome medidas adicionales para garantizar la vida de los defensores de los derechos humanos y ambientales porque, pese a que se busca aplicar una idea de paz total, el recrudecimiento de la violencia sigue siendo el pan de cada día.
En esa línea, HRW le pidió al presidente Gustavo Petro que repiense en reformas para la Unidad de Nacional de Protección (UNP) que le permita a los líderes sociales hacer su activismo y labores en pro de los derechos humanos. Hay que recordar que, desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc en 2016, más de 900 firmantes han sido asesinados en todo el territorio nacional.
Cabe recordar que, en Argelia y Buenos Aires, Cauca, las disidencias Carlos Patiño y Jaime Martínez de las Farc perpetraron ataques contra el Ejército Nacional. Y en el caso de los líderes sociales, el último caso fue el de Luis Peña, excandidato al Concejo de Magangué, Bolívar, y militante del Pacto Histórico.
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