Encuentran 150 kilos de cocaína en camioneta de la Unidad Nacional de Protección en el Cauca

En la tarde del 10 de diciembre del 2022, desde el Twitter de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se reveló que una de sus camionetas fue detenida por las autoridades mientras transportaba 150 kilos de cocaína. El vehículo se movilizaba por la vía La Plata-Popayán, cuando fue requerido por miembros de la Policía Nacional, en cercanías del municipio de Caloto, Cauca.

Al parecer, cuando los agentes solicitaron la detención del vehículo, su conductor identificado como Manuel Antonio Castañeda, les manifestó a las autoridades que se trataba de un exfuncionario de la Policía Nacional y que ahora se encontraba vinculado con la Unidad Nacional de Protección (UNP). También alego que se encontraba movilizando a una persona protegida, por lo que rehusó el llamado de las autoridades para bajar de la camioneta y acatar el requerimiento policial. Según información publicada por Noticias RCN.

Este mismo medio informa que ante la respuesta de Castañeda se procedió a pedir el acompañamiento de un canino antinarcóticos (CAN), generando nerviosismo en el conductor. Finalmente, esté accedió a abrir la camioneta, lo que le permitió a los policías percatarse de varios paquetes rectangulares marcados con el número 724. En la camioneta de placas KXU-434, además de los 168 paquetes de estupefacientes, se encontraron gorras, placas y emblemas del organismo de gobierno.

En un comunicado emitido por la UNP se expresó la solicitud de su director, Agusto Rodríguez, ante la Fiscalía General de la Nación, pidiendo una intervención inmediata que permita “extirpar los hechos de corrupción que afectan a la entidad”. También pidió que se proteja la vida del conductor del vehículo, Manuel Antonio Castañeda, pues podría estar inmerso en otros graves hechos de corrupción. En este momento la cabeza de la entidad se encuentra reunido con las autoridades de la zona, según información de Caracol Radio.

El evento ya ha empezado a despertar las primeras reacciones en los líderes políticos, uno de los primeros es el presidente del Senado, Roy Barreras, quien manifestó por medio de sus redes sociales “¡A ver! ¿Los que cuidaban a los líderes sociales en el gobierno anterior eran los mismos que trabajaban para la mafia? Esos son los efectos de la deslegitimación del estado con los ñeñes, matambas y socios narco-políticos. "

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El 30 de noviembre, Agusto Rodríguez, el actual director de la Unidad de Protección Nacional, denuncio ante el Senado de la república varias irregularidades encontradas al interior de la entidad. Alerto de varias anomalías, entre la que se encuentran falsos blindajes en los carros de la unidad y la existencia de “una puerta giratoria que ha garantizado que las mismas personas ocupen puestos claves dentro de la institución”.

La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del orden nacional, adscrito al Ministerio del Interior, que está encargado de desarrollar estrategias para el análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, e implementar las medidas de protección individuales y colectivas de las poblaciones objeto, con enfoques diferenciales.

Entre sus funciones se encuentra el realizar diagnósticos de riesgo a grupos, comunidades y territorios, para la definición de medidas de protección, en coordinación con los organismos o entidades competentes. Por lo cual brinda protección a líderes sociales y políticos que puedan estar en riesgo y requieran de un esquema de protección por parte del Gobierno Nacional.

Ya el 17 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación, había inhabilitado por ocho años al contratista Edgar Mauricio Hernández González, impidiéndole firmar algún acuerdo público con el Estado, luego de que se presentaran varias irregularidades mientras se desempeñaba como supervisor de algunos contratos en la Unidad Nacinal de Protección (UNP).

En 2013, Hernández González había incurrido en una falta grave al autorizar el pago de varias facturas, las cuales no se especificaron las fechas en las que se prestó el servicio de suministro de esquemas de seguridad. Un total de cinco pagos por $10.000 millones, que no estarían justificados.

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