Desde que Gustavo Petro propusiera la liberación de integrantes de la Primera Línea para ser gestores de paz, la polémica no ha hecho más que crecer. “Centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”, dijo el jefe de Estado, el pasado 4 de diciembre, desde Pasto.
Dos días después, el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, el magistrado Hugo Ríos, defendió las decisiones tomadas por los jueces con respecto a los integrantes capturados de la Primera línea.
“Yo avalo y ratificó la legitimidad de las decisiones de nuestros jueces sobre las cuales se privaron de la libertad a personas que atentaron contra la vida, contra la integridad y los bienes de las personas”, expresó el magistrado.
Según el magistrado Ríos, todas estas detenciones fueron legítimas y adoptadas por orden de una autoridad competente y con los procedimientos establecidos por la Constitución, y por ello, “no hay ninguna detención ilegal”.
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Las reacciones a lo expresado por el magistrado no se hicieron. Desde el Gobierno nacional respondió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que durante su visita a Washington, dijo que está de acuerdo con el magistrado, en cuanto a que estas órdenes de detención no son ilegales.
“En las declaraciones del presidente del Tribunal, él defiende que las órdenes de detención no son ilegales y en eso el Gobierno está totalmente de acuerdo. No son órdenes ilegales de detención. Lo que pasa es que hay una atribución presidencial de nombrar voceros o gestores de paz sin que se afecte la legalidad de las capturas. Eso no está en discusión, ni la legalidad de las decisiones judiciales al respecto” dijo el ministro.
Una vez se conocieran las intenciones del Gobierno de Gustavo Petro, el ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó la figura que sería aplicada para nombrar a los gestores de paz de la Primera Línea.
En un primer punto, Prada aseguró que no serían gestores, sino “voceros de paz”, figura que les permite la Ley 418, más conocida como Paz Total, del Gobierno del Pacto Histórico.
“Esta medida va dirigida a líderes sociales, no solamente a jóvenes capturados en medio de la protesta social, sino en general a los líderes sociales que el Gobierno, en cabeza del presidente y con la recomendación de la comisión de alto nivel, considere que pueden aportar básicamente a la consolidación del proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social”, expresó Prada.
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A su vez, el jefe de esa cartera manifestó que el hecho de que los voceros tengan procesos judiciales abiertos no significa que queden eximidos de estos.
“No será una amnistía, no es un indulto, no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial, los procesos por ende no se suspenden”, explicó el ministro.
Entre los detractores de la propuesta se encuentran María Fernanda Cabal y Diego Molano.
La senadora del Centro Democrático manifestó que:
" La Primera Línea asesinó a puñaladas al capitán Jesús Alberto Solano, dejando una viuda y una niña huérfana. ¿Gestores de paz? Queremos justicia, no verlos dando cátedra de algo que no conocen”.
Por su parte, el exministro de Defensa señaló:
“Nombrar a quienes cometieron delitos durante el Paro Nacional como gestores de paz es una amnistía velada, una burla a las víctimas y una afrenta a los colombianos que padecieron los bloqueos”.
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