La Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (Colemad) nació desde la rebeldía y la irreverencia de un grupo de jóvenes abogadas que sintió la necesidad de documentar casos de violaciones de derecho a la tierra a mujeres rurales de la región Caribe colombiana.
Desde 1998 han acompañado a cerca 4.000 mujeres rurales para que se les sean respetados sus derechos, principalmente, el acceso a una vida digna a través de la producción y la tenencia de la tierra.
El equipo base conformado por cinco mujeres ha sacado adelante casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones del Derecho Internacional Humanitario. (DIH), con impacto diferenciado en mujeres y niñas.
Luz Estella Romero Villalba es la fundadora y actual representante legal de Colemad. El pasado 19 de octubre ganó el premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría Defensora del Año. Desde su lugar de exilio habló con Infobae Colombia.
Lo primero que toca destacar de Luz Estella es que es una atlanticense, nacida en Baranoa, convencida del poder de las mujeres para lograr transformaciones reales en la sociedad.
“Nosotras hacemos un trabajo interdisciplinario de múltiples saberes pensados como feministas. En el centro está la reivindicación de los derechos de las mujeres y niñas. Hemos aprendido a documentar casos y con los mismos datos, decirle al Estado la realidad de nuestra región”.
Luz Estella, después de un intento de secuestro, tentativa de desaparición y tortura de su hijo menor de edad, se vio obligada a salir del país. “Sentimos que nos persiguen más por lo que no hemos dicho, que por lo que hemos dicho ya”, dice y en su deseo solo está regresar a Colombia.
En la denuncia que radicó ante la Fiscalía General de la Nación, el 19 de febrero de 2020, su hijo relata que, entre las 10:00 p. m. del 25 de diciembre de 2019 y la 01:00 a. m. del 26 del mismo mes, sufrió una grave agresión contra su vida, integridad, libertad y seguridad por parte de seis agentes de la estación de Policía del Silencio de la ciudad de Barranquilla.
De acuerdo con lo plasmado en la denuncia, el joven de 17 años se encontraba en una fiesta en una casa vecina, cuando llegaron tres motos con dos policías en cada una. Uno de ellos se bajó, lo insultó, lo golpeó, lo ahorcó y lo esposó mientras las personas de la comunidad se aglomeraban y pedían la presencia de una patrulla móvil y que se les comunique la situación a sus padres.
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La retención del hijo de Luz Stella duró cerca de una hora. Los policías, en la estación, lo seguían golpeando y le lanzaron una amenaza pública. “Cuídalo porque como lo volvamos a coger aparece muñeco”.
Desde que inició su labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres rurales, Colemad tiene un registro de cuatro denuncias ante la Fiscalía General por amenazas y vigilancia policial indebida.
Además, cuentan con más de diez amenazas directas entre llamadas telefónicas intimidantes, ataques digitales, denuncias por presunta representación de falsas víctimas y descalificación por estereotipos de género frente a la práctica de la abogacía y la defensa de derechos humanos.
Para entender el trabajo que hace Colemad sería necesario detenerse en dos casos puntuales, sin olvidar los más de 500 que ha llevado en su recorrido como abogadas feministas.
Los casos de Cantillera y Altamira y de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca) servirán como ejemplo para describir la necesidad que siente Luz Estella de defender los derechos humanos de las mujeres rurales, sin tener miedo a nada.
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El primer grupo perjudicado lo conforman 198 personas, que a su vez, representan 198 familias, y mediante escritura pública Nº. 305 de septiembre 17 de 1996 adquirieron las parcelaciones del predio Cantillera y Altamira en Jurisdicción de los municipios de Galapa y Tubará, en el departamento del Atlántico.
Ese colectivo campesino denuncia que ha sido violentado por las acciones y omisiones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministerio de Hacienda, Finagro, el Incora y otras entidades del Estado.
Las acciones y omisiones del Estado, dice, ls han ocasionado perjuicios económicos de carácter individual que se traducen en el cobro de una deuda exorbitante e impagable, y la no implementación de los mecanismos de productividad de la tierra adquirida y que según el contrato, el Estado debía garantizar, así como el pago del crédito y la subsistencia y desarrollo socioeconómico de la comunidad.
Además, en ese predio, desde 2014 hay presencia de empresas mineras, que sin consulta previa, iniciaron exploraciones mineras en las parcelas.
El otro caso lo protagonizan 75 mujeres provenientes de los municipios de Barranquilla, Ciénaga, Soledad, Sitio Nuevo, Río frío, Santa Marta, Fundación, El Retén, Pivijay, Aracataca, Media Luna, Valledupar, El Paso y Bellavista, organizadas en torno a la exigencia del derecho a la propiedad de la tierra.
La Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca) fue constituida en 1996 en el municipio de Ciénaga, en el Departamento de Magdalena.
El 18 de abril de 1996 el Comité de elegibilidad del Incora seleccionó a Asomuproca como beneficiaria del subsidio para la adquisición de los predios San Marcos, San Marcos 1, Los Playones, Los Genios, Los Genios 2, Los Genios 3 y Los Genios 4, que contaban con una extensión de 1.322 hectáreas.
Este grupo de mujeres relata que al entrar en posesión de los terrenos adjudicados fueron abordadas por hombres uniformados que hacían presencia en la zona, los cuales se identificaron como miembros del ELN, y les anunciaron que todas las tierras que ellas habitaban y sus alrededores, estaban bajo su control y que, por lo tanto, tenían que obedecer sus órdenes.
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Ambas adquisiciones de tierra están enmarcadas en la Ley 160 de 1994 que desarrolló el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino; que contiene, en su artículo 1º, promover y consolidar la paz, así como garantizar a la mujer campesina e indígena las condiciones y oportunidades de participación equitativa en los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario.
Cantillera y Altamira: El despojo legal de la tierra
Desde 2004 Colemad acompaña al grupo de parceladores de Cantillera y Altamira. Después de realizar su documentación correspondiente, el colectivo de mujeres abogadas construyó su argumentación con dos conclusiones centrales, que quedaron plasmadas en el informe: ‘Defensoras de derechos humanos: Tres estudios de casos de ONG y su respuesta al desplazamiento forzado’.
En el informe elaborado por la Universidad de los Andes se detalla que la primera conclusión es que el sistema de mercado de tierras impulsado por el Incora, y continuado por el Incoder en el departamento del Atlántico, tenía como resultado el “favorecimiento de los eventuales compradores de las tierras que irían a remate por falta de pago de los campesinos”.
La segunda conclusión es que el proceso tuvo un costo enorme para las mujeres, más allá de la deuda y la pérdida de la tierra, por ejemplo, los largos y complicados trámites del proceso de adjudicación que las obligó a dejar a sus hijos solos, generando consecuencias negativas en niños y niñas.
Una de las estrategias que impulsó Colemad, en cabeza de Luz Estella Romero, para evidenciar los derechos violados en este caso, fue interponer una acción de grupo en 2010. Esta acción y sus peticiones, a la fecha, están vigentes ante el Consejo de Estado.
En su charla con este medio de comunicación, Luz Estella sostuvo que:
“Lo que demandamos es que no ha habido un acceso efectivo a la tierra porque más allá de la titularidad de la tierra, evidentemente, se debe tener la sostenibilidad de ese acceso”.
El predio adjudicado a las mujeres campesinas en 1996 por el entonces Incora, cubre un área total de 1.600 hectáreas de tierra correspondiente a 8.101 m2, a cada familia le correspondía como Unidad Agrícola Familiar (UAF) de 8,26 Ha.
En el acuerdo suscrito quedó establecido que para garantizar la integralidad y sostenibilidad del proceso se debía presentar un macroproyecto productivo ante el Incora y a la Caja de Crédito Agrario, para su viabilidad y financiación, respectivamente. El proyecto de producción aprobado fue de siembra de yuca y cría de ganadería.
El proyecto de Cantillera y Altamira aprobado y viabilizado tenía como objeto:
“Lograr que 198 familias campesinas accedieran a propiedad de tierras, financiándoles el Estado el 70 % del valor total de los terrenos adquiridos; asignar un crédito complementario de producción y otro de tierra para la financiación del 30 % del valor restante de la misma; Elevar el nivel de vida de las familias campesinas favorecidas en la parcelación según lo prevé la ley 160 de 1991″.
Dicho proyecto productivo planteaba la explotación agrícola de 755 hectáreas de yuca y maíz y 870 hectáreas para ganadería tipo leche, generando unos ingresos promedios anuales de $ 375.239.690, los cuales permitirían que los beneficiarios pagaran el crédito y recibieran ingresos de $ 16.039.350 por familia beneficiaria al final de los 12 años, además, estas familias tendrían como activos la tierra y los bovinos resultantes de la explotación que debió realizarse para la cancelación total del predio en mención.
En la acción grupal interpuesta por Colemad se reclamó que el crédito productivo no se otorgó. Así lo explicó el colectivo de abogadas:
“Sin mayores explicaciones, ni constancia escrita dirigida a las familias beneficiarias, solo en forma verbal, se dieron excusas como que: “no se encontraban constituida la totalidad de las EAT y también por el fenómeno del niño”, criterio este que no sé correspondía con los parámetros establecidos en el proceso de reforma agraria adelantado. Esto condujo a la imposibilidad de desarrollar el proyecto productivo que permitiera la generación de ingresos destinados al autosostenimiento, el crecimiento económico y el pago de la deuda adquirida.
Para las 198 familias involucradas en este proceso, sus derechos e intereses se han visto afectados en lo más íntimo, llevándolos a un empobrecimiento sistemático y degradante, “determinamos el daño moral a razón de doscientos millones de pesos ($200.000.000) cada uno, para un total de treinta y nueve mil seiscientos millones de pesos m/l ($39.600.000.000)”, se lee en la acción conjunta interpuesta.
Para Luz Estella, la banca pública, en cabeza de Finagro, hace una tarea para empobrecer a las comunidades rurales de Colombia, y en este caso, a las mujeres rurales del Caribe. “Finagro iba a las comunidades, que fue lo que logramos parar, para actualizar los pagaré, o sea, les mantiene activa la deuda para que nunca salgan de ella”.
“Nosotras conocimos a viejitos que eran de la ley 200 de 1936 que nos decían que tenían una deuda y pasaron toda su vida pagándola. Te estoy hablando de personas de 70 u 80 años que murieron pagando la deuda. En muchos casos, sacamos las cuentas y supimos que pagaron mucho más de lo que debían. Finagro entregó toda la cartera de la deuda de las poblaciones campesinas, indígenas y afro a empresas privadas”, puntualizó la ganadora del premio nacional de Derechos Humanos a Infobae Colombia.
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Asomuproca: las mujeres que esperan su reparación
La Asociación de Mujeres Productoras del Campo es una organización constituida por 75 mujeres y familias del departamento del Magdalena en pro del acceso a la tierra para las mujeres rurales.
Durante 18 años vienen resistiendo y luchando en medio de una situación constante de ataques a su organización, el asesinato y la persecución de sus integrantes, desplazamiento forzado, la desarticulación de la organización, la inseguridad jurídica y física sobre sus tierras y bienes a través de varias tipologías de despojo, en las que a través de usos de figuras jurídicas y legales, se les mantiene privadas del ejercicio pleno de los derechos a la propiedad y uso sobre sus tierras.
Además, han quedado en el abandono total por parte del Estado colombiano. Aunque el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de Restitución de Tierras emitiera, el 29 de abril de 2022, la sentencia 2015-00042-00, en la cual ordena la protección del derecho fundamental a la restitución de tierras abandonadas y despojadas a causa del conflicto armado a la Asociación de Mujeres Productora del Campo Asomuproca, esta no ha sido cumplida.
El caso de Asomuproca llegó a los despachos de los magistrados de la Corte Constitucional y se volvió emblemático, porque en 2011, cuando se instaló la Ley 1448 (de víctimas y restitución de tierras), era el único en el que las mujeres exigían la devolución de sus predios como medida de reparación colectiva.
Desde que se les concedió el terreno este ha sido ocupado por actores armados, por lo cual, las 75 mujeres terminaron inmersas en una dinámica de conflictividad que las revictimizó durante muchos años.
Por mucho tiempo el Estado colombiano ha actuado como un actor opositor a sus derechos, “este caso era mucho más complejo porque no era un simple hecho de victimización, se emerge como una figura opositora de los derechos de las mujeres y estamos hablando de un territorio marcado por el conflicto armado”, confesó Luz Estella en su entrevista con Infobae.
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De acuerdo con Colemad, el fallo del Tribunal de Cartagena es favorable para las mujeres de Asomuproca.
“Es una sentencia garantista. Para nosotras, desde el análisis jurídico, es una sentencia que abre el camino para una justicia de género en el país, porque es un litigio realizado desde el enfoque de derecho a la tierra y un enfoque de género e interseccional. Entonces, digamos, que las decisiones que toma la magistrada buscan también superar las conflictividades y deudas históricas que han vivido las mujeres rurales”.
Durante el proceso de restitución de tierras que lleva cerca de once años, se presentaron múltiples opositores a los derechos de las mujeres.
Así se lo explicó Diana Barrios, integrante de Colemad, a Infobae. “Apareció Parques Nacionales Naturales reclamando la propiedad del predio, aparecieron autoridades diciendo que había proyectos mineros en la zona. Las instituciones estatales y privadas reclamaban el espacio entregado al colectivo de mujeres”.
Después de ocho meses de recibir la sentencia, Colemed espera, que por fin, estas 75 mujeres puedan volver a su territorio. “Nosotras podemos tener paciencia con este nuevo Gobierno nacional, pero si en un tiempo considerable no tenemos respuestas, nos va a tocar interponer un desacato, esperamos que no tengamos que llegar a eso.”
En Colombia, los problemas en torno a la tierra han sido transversales en sus más de 200 años de historia. Es más, el tema de la tenencia de la tierra se reconoce como la centralidad del conflicto armado, e incluso algunos expertos e historiadores lo señalan como la causa primaria del mismo, por lo que hacer una defensa de esto puede costar más de una vida, una tarea que muy pocas personas se atreven a hacerla.
“Hemos sido unas locas irreverentes en todos los sentidos. Nacimos, también, como una organización de mujeres jóvenes para la incidencia y abogacia feminista en principio de rebeldía dentro del mismo movimiento de derechos humanos”, concluyó la ganadora del premio nacional de derechos humanos.
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