La historia de los irlandeses que entrenaban en explosivos a las Farc: por qué la JEP los amnistió y ahora los regresó a la justicia ordinaria

Aunque en abril de 2020 la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le había concedido la amnistía a tres ciudadanos irlandeses sindicados de colaborar con la antigua guerrilla de las Farc, en las últimas horas se echó para atrás y decidió quitarles el beneficio. Es decir que su caso pasará a manos de la justicia ordinaria, según informó el organismo transicional.

En esa línea, el caso de Martin John McCauley, Niall Terrence Connolly y Séamus O’Muineacháin pasará a los estrados de la Fiscalía General de la Nación, a quienes la justicia colombiana ya había condenado, en el pasado, a una pena de 17 años de cárcel por los delitos de falsificación en documentos y respaldar en sus labores delincuenciales a la que fue la guerrilla más poderosa de Colombia hasta 2016 cuando se desmovilizaron.

La decisión la dejó en firme la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP luego de que determinaron que no cumplieron con la orden de la corte: aportar a la verdad. Los irlandeses fueron claves en la fabricación de explosivos con los que las Farc cometieron varios de sus atroces crímenes.

Los sujetos habían recibido el espaldarazo del tribunal de paz, pero este fue revocado porque no dijeron la verdad sobre la responsabilidad que tenían en el conflicto armado colombiano. Hay que recordar que en el 2004, la justicia colombiana los condenó a 17 años de cárcel por las mencionadas actuaciones ilegales cuando, supuestamente, pertenecían al grupo terrorista Ejército Republicano Irlandés Provisional (PIRA), una dependencia de la estructura IRA.

La pena que había sido endilgada a los extranjeros se dio luego de que se comprobó que estuvieron presentes en las zonas de distención colombianas en San Vicente del Caguán, donde las Farc planeaban algunos de sus varios y cuestionados atentados. Los sujetos, según pesa en sus archivos, pertenecen a una organización de su natal Irlanda del Norte.

Fue en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, cuando el 11 de agosto de 2001 los sujetos se disponían a regresar a Europa pero las autoridades nacionales se los impidieron y los detuvieron por sus probados nexos criminales con la guerrilla que, para ese momento, era de las más sanguinarias del país.

Aunque los irlandeses se presentaron ante la JEP bajo el argumento de que aportarían con la verdad para reparar a las víctimas del conflicto armado, los magistrados transicionales confirmaron que estos no cumplieron con esos acuerdos y por eso decidieron quitarles ese beneficio.

Para lograr los beneficios que otorgaba el tribunal de paz, los extranjeros tuvieron que firmar un acta de compromiso donde se destacaba que su libertad era condicionada y se estipulaba que “el beneficio concedido dependerá de su aporte a la verdad plena en el desarrollo del caso”. Ahora, perdieron todo beneficio de ese tribunal de paz.

Hay que mencionar que la defensa de los criminales irlandeses había presentado un recurso para que la JEP los aceptara debido a que cumplían las condiciones para entrar a ese organismo: cometieron sus delitos hasta antes del 2016, año en el que se firmó la paz con las Farc; además, “fueron investigados, procesados y condenados por colaborar” con la antigua guerrilla.

Sin embargo, tras entrar al país con identidades falsas e incumplir con lo acordado con la JEP, se revocó el beneficio que no será apelado de inmediato debido a que, nuevamente, sus abogados presentaron un recurso que entrará en revisión.

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