Francisco José Lloreda espera que “Benedetti defienda los intereses de Colombia y que no esté viendo cómo le hace favores a Nicolás Maduro”

Solo hasta septiembre de este año, Ecopetrol alcanzó una utilidad neta de 26.6 billones de pesos, un 150.1 % más que con respecto al mismo periodo del año anterior. Incluso, el día de hoy, la junta directiva aprobó el Plan de Inversiones 2023, en el que afirma destinará entre $5.9 billones y $6.8 billones para autogeneración renovable, hidrógeno, transmisión y vías, y eficiencia energética. Igualmente, anunció un presupuesto de $3.6 billones a $4.1 billones para la autosuficiencia en gas y entre $15.8 y $18.9 billones para la seguridad energética, la sostenibilidad financiera y favorecer la balanza comercial del país.

Pero si bien, naturalmente, la transición comienza a consolidarse como un proceso que implica tiempo, todavía existen algunos claroscuros que siguen dejando pensativos a los industriales. Francisco José LLoreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, habló con Infobae Colombia sobre cada uno de estos puntos y la posición del gremio.

Hay tres temas que representan en este momento un desafío para el sector petrolero. Por un lado hablamos de un Gobierno que busca celebrar la transición minero energética, que se encuentra en una posición radical frente al fracking y que en su reforma tributaria otorgó más carga tributaria al sector, ¿qué podemos esperar el próximo año en cuanto a crecimiento?

El punto de partida debe ser un balance del año que termina. Un balance que podría calificar de claroscuro. ¿Por qué claroscuro? Porque hay aspectos positivos y aspectos negativos. Dependiendo de si los negativos se subsanan, el año 2023 será mejor o peor para la industria.

De resaltar, tenemos el cumplimiento del Programa de Inversión del 2022. Si bien no tenemos datos definitivos, pareciera que se va a cumplir el programa de inversión de 4 mil millones de dólares previsto y en este momento estamos en 55 pozos exploratorios de una meta de 60. Eso es positivo.

Un segundo aspecto es el aporte que la industria le va a hacer a las finanzas nacionales y a las regiones a través de regalías por los altos precios del petróleo en el año que termina. Se estima que al inicio de año, el Gobierno nacional estará recibiendo alrededor de 24 billones de pesos que no estaban en sus cuentas y que superan incluso el recaudo esperado de la reforma tributaria. Además, Planeación Nacional estima en 30 billones de pesos, las regalías de 2023 y 2024. Entonces, esa es una buena noticia pone de presente la capacidad de esta industria de contribuir a la financiación del sector público.

Podría mencionar un tercero y un cuarto. Un tercero es la decisión de la ministra de Minas y Energía de examinar junto con la industria los contratos existentes y en especial, aquellos que están suspendidos y que son 35, para ver la posibilidad de reactivarlos. En algunos será difícil, porque son zonas complejas de orden público, pero de pronto, algunos contratos se puedan reactivar. A esto se suma el interés de la ministra en optimizar la producción de algunos pozos a través de técnicas de recobro mejorado. Entonces, ese ejercicio que estamos realizando el ministerio, la ANH y la ACP, me parece que es positivo. Lo cuarto es el convencimiento del Gobierno de que estamos frente a una triple transición.

¿Cómo ve esas proyecciones del Gobierno en cuanto a la transición energética y de qué claroscuros hablamos?

Tengo la impresión de que el Gobierno ha ido entendiendo que una transición energética no se logra de la noche a la mañana. El propio director de Planeación ha indicado que él no sabe cuánto tiempo va a tomar. Esa me parece una posición seria, pues sólo a partir del análisis de los tiempos de transición macroeconómica productiva podremos tener mayor claridad sobre cómo avanzar en la energética.

Además, es importante que nos preguntemos para qué es la transición, porque con cierta ligereza se habla de la misma. Si la transición es para contribuir a que la crisis climática global no empeore, un objetivo loable sin duda, debemos hacerlo entendiendo que Colombia aporta muy poco al calentamiento global y que los gases de efecto invernadero que se emiten en el país no tienen nada que ver con el sector energético, la mayoría tienen que ver con otras actividades productivas.

Entonces, cargarle el grueso de la responsabilidad de la crisis climática al sector energético no tiene sentido y si la transición obedece a que queremos mejorar la calidad de aire en las ciudades principalmente, lo cual tiene implicaciones en la salud pública, pues con mayor razón el principal desafío debe estar en la transformación del parque automotor.

Sin embargo, hasta los mismos estudios del Gobierno establecen que al año 2050, en el mejor de los casos, aún el 75% de los 50 millones de vehículos que vamos a tener van a funcionar con combustibles líquidos, entonces ahí hay un desafío gigantesco. Cuando se habla de transición justa me parece importante retomar lo que dice la exministra María Fernanda Suárez, que se refiere a esta como una transición que maximiza el costo-beneficio del país.

De la transición justa también ha hablado la ministra Irene Vélez, funcionaria que esta semana recibió el respaldo del Congreso en medio de un debate de moción de censura. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre la criticada gestión de la ministra?

Nuestra posición ha sido la misma desde el inicio del Gobierno. Independiente de que uno esté de acuerdo o no, la ministra lo que ha hecho es interpretar al presidente de la República. Cuando apreciamos, por ejemplo, los factores que más gravitan en este momento sobre la industria como la reforma tributaria, los problemas de seguridad de orden público, la incertidumbre normativa en el Congreso y la indefinición en materia exploratoria, tiendo a creer que va más allá del campo de acción de la ministra. Cosa distinta es lo político, y no voy a opinar sobre ello porque ese es un escenario de discusión distinta.

Sin embargo, hay temas que han sido innegablemente politizados como lo es el fracking. De hecho, hace poco anunciaron los hallazgos de unas posibles reservas ‘offshore’ que podrían suministrar a Colombia hasta 50 años de gas. Pero, acceder a estas, implicaría recurrir a la técnica del fracking. ¿Qué posición debería adoptar el Gobierno nacional con respecto a esto realmente? ¿Es acaso tan malo como dicen que es?

Infortunadamente, la técnica del fracking no solo se politizó, sino que terminó convertida en un instrumento de demagogia. En momentos en que varios países europeos están considerando el uso de la técnica y que la evidencia científica muestra que es una técnica que se puede adelantar con el debido cuidado, es infortunado que en Colombia se le quiera sepultar.

Es muy diciente que ni siquiera se le dé la oportunidad a los proyectos piloto. Pero esa es la decisión política del Gobierno. Ahora bien, si el Gobierno del presidente Gustavo Petro no quiere hacer uso de la técnica del fracking está en todo su derecho, pero no tiene sentido prohibirla, porque un próximo Gobierno debería tener la posibilidad de acudir a la misma de necesitarlo. Igual con los proyectos piloto. Lástima que no los quieran hacer, porque para un próximo Gobierno será una información muy importante sobre los verdaderos impactos ambientales y sociales de la técnica. El no querer hacer los pilotos, es una muestra fehaciente de que este es un tema ideológico.

Ahora bien, el Congreso de la República en primer debate de la Comisión Quinta de Senado ha votado la prohibición del fracking como técnica, pero ha dejado a salvo el desarrollo de los yacimientos no convencionales, lo cual me parece una decisión acertada porque en los yacimientos no convencionales se utiliza no solo la técnica del fracking. Ojalá en ese proyecto de ley se precisara que esa prohibición va hasta agosto 7 de 2026. No tiene ningún sentido cerrar la puerta a futuro, más cuando va a coincidir con una época en la que si no se hace algo distinto a lo que se está anunciando, las reservas del petróleo y gas del país van a estar en caída.

Es muy infortunado, que un tema de fondo, que tiene que ver con la seguridad energética del país, no se dé con argumentos técnicos y científicos, sino que se base en dogmas de fe que no que no responden a la veracidad.

Cuando uno hace el análisis de lo que sucede, entendemos que hay inconsistencias. Inicialmente se dijo que Colombia importaría gas de Venezuela, posteriormente la ministra dijo que tales importaciones no eran prioridad, pero esta semana la representante Carolina Arbeláez salió a decir que Ecopetrol había firmado un contrato para recibir asesoría jurídica y hacer futuros negocios con Venezuela. ¿Estamos frente a un gobierno que en materia energética no está siendo confiable?

Es cierto. Pareciera existir una política contradictoria. Por un lado se habla de autosuficiencia de seguridad y de soberanía energética, y por el otro lado hay funcionarios del Gobierno empeñados en entregar nuestra seguridad energética en Venezuela. Colombia tiene gas. La propia ministra lo ha señalado. Por supuesto que una cosa son las reservas probadas, probables y posibles, y otra, los recursos contingentes que no son reservas y no está bien meterlos en un mismo canasto. Pero Colombia tiene gas y el Gobierno debe estar enfocado en desarrollar ese gas que además genera regalías, genera impuestos en Colombia, genera empleo, dinamiza las economías regionales, propicia la contratación de bienes de servicios, en lugar de estar pensando en importar gas de Venezuela.

Colombia tiene todo, para ser autosuficiente en gas y exportador. Distintas proyecciones indican que si los descubrimientos costa afuera y otros en tierra firme fueran exitosos y rentables, Colombia puede terminar exportando gas. Incluso, la planta de regasificación que está ubicada en Cartagena y que hoy se utiliza de respaldo seguramente tendría que reconvertirse para exportar gas. Siendo esa la perspectiva, no se entiende que haya funcionarios empeñados en importar gas de Venezuela. A veces uno se pregunta si hay algún factor o algún componente que no estamos viendo y que explica esa política que además respondería más a la de un embajador de Venezuela en Colombia y no un embajador de Colombia en Venezuela. Uno espera que el embajador Benedetti defienda los intereses de Colombia y que no esté viendo cómo le hace favores a Nicolás Maduro.

A esta polémica además se suman otros rumores y es el relevo del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, ¿qué tan cierto puede llegar a ser la teoría de que esto se debe a que él no se quiere prestar para firmar contratos con PDVSA?

No lo sé. Felipe Bayón ha sido un extraordinario presidente de Ecopetrol y la empresa está en uno de sus mejores momentos pese a la pérdida de su valor patrimonial por la incertidumbre que existe en el mercado. Desconozco que esté pensando la junta directiva y qué esté pensando el presidente Bayón, pero no tengo la menor duda que ha hecho una gran labor y que eso seguramente explica la decisión que hasta el momento ha tomado la junta de seguir contando con él.

¿Qué opinión le merece el reciente nombramiento de Clara Liliana Guatame Aponte como presidente en la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos)?

No recuerdo conocerla, pero llega en un momento muy importante. Esperamos hacer equipo con ella para trabajar como lo hemos hecho con los distintos presidentes de la ANH, porque aquí de lo que se trata es de desarrollar de manera responsable los recursos hidrocarburíferos del país. En últimas, las empresas que tienen contratos con la agencia son contratistas del Estado, es decir, trabajan para el Estado, para ayudar a explorar y si hay éxito, a explotar unos recursos bajo las reglas del juego establecidas.

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