Un gran escándalo ha causado la firma del decreto que aumentará los salarios de los congresistas un 7,26 % para 2023, con lo cual devengarán 37.880.418 pesos. Para colmo, al corte de este jueves 8 de diciembre, tres de las cuatro iniciativas que buscaban esta reducción fracasaron en su intento. La cuarta requiere un trámite más corto y podrá discutirse a partir de marzo próximo.
Aunque fue una de las promesas de Gustavo Petro para llegar a la presidencia, su gobierno está obligado a cumplir el artículo 187 de la Constitución Política de Colombia y no pudo simplemente abstenerse de firmar el Decreto 2405 de 2022, según el cual “a partir del 1.° de enero de 2022 la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en siete punto veintiséis por ciento (7.26 %)”.
“ARTÍCULO 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”, se lee en la carta política.
Gracias a este decreto, firmado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director administrativo de Función Pública, César Augusto Manrique, los congresistas ganarán 2.563.973 adicionales el año entrante. Entonces, recibirán 9.159.143 pesos de sueldo, 12.440.495 de prima de servicios especiales y 16.282.926 de gastos de representación. Además, en diciembre recibirán un retroactivo de 12.500.000 más una prima navideña.
¿Se puede cambiar el artículo que garantiza aumentos de sueldo a congresistas?
En teoría, cambiar el artículo 187 de la Constitución es posible a través de los actos legislativos. Un grupo de diez congresistas puede radicarlo en cualquier cámara del Congreso. También puede presentarlo el Gobierno nacional, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral o un grupo significativo de ciudadanos —5 % del censo electoral o 20 % concejales o diputados—.
Para que se apruebe el acto legislativo y se cambie un artículo de la Constitución, la iniciativa debe cursar ocho debates en las comisiones primeras del Congreso —cuatro debates en un primer periodo y cuatro más en un segundo— más una conciliación entre las dos cámaras. Esto ha ocurrido más de 55 veces en los 31 años de vigencia de la Constitución de 1991.
Sin embargo, pese a que ya se presentaron actos legislativos sobre el salario de los congresistas, no hubo la voluntad política para que atravesaran el proceso exitosamente. Solo en 2022 se presentaron cuatro iniciativas, de las cuales dos fueron votadas negativamente y finalmente se archivaron. Una tercera está vigente en la Cámara de Representantes, pero se archivará después del 16 de diciembre porque no alcanza a completar los debates requeridos en las sesiones que quedan.
“Es absolutamente inaceptable que en la Cámara de Representantes se esté hundiendo el proyecto que buscaba bajar y poner un límite al salario de los congresistas. En un país donde hay tanta pobreza extrema, hay que dar señales de austeridad. Uno no puede seguir gastándose la plata de los colombianos en sueldos. A mí me preocupan no solamente los altos salarios de los congresistas, sino los de los magistrados, que además están exentos de impuestos”, le dijo a la emisora RCN Radio la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.
Cambiar un decreto
A diferencia de la Constitución, que es rígida y requiere estos ocho debates, las iniciativas para cambiar leyes y decretos solo requieren cuatro discusiones en el Congreso para completar su trámite. Es el caso del Decreto 2170 de 2013, “por el cual se establece una prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República”, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos.
“ARTÍCULO 1°. Los miembros del Congreso de la República tendrán derecho a percibir mensualmente una prima especial de servicios equivalente a la suma de siete millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos. ($7.898.445) m/cte, la cual se reajustará anualmente en el mismo porcentaje en que se reajuste la asignación básica”, dice el decreto.
La iniciativa del senador del partido Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido Hernández —conocido popularmente como Jota Pe Hernández—, consiste en suprimir la prima concedida en ese decreto, así como modificar la Ley 4 de 1992, que fija el régimen salarial de empleados públicos, incluidos los congresistas y miembros de la fuerza pública.
“¿Qué pasa? El proyecto de nosotros no se ha debatido porque en la agenda de la Comisión Primera en este primer semestre giró en torno a las necesidades del Gobierno, a las reformas que el gobierno presentó, a los proyectos de ley que beneficiaban al gobierno. En el segundo semestre de este nuevo congreso el próximo año, en el 2023, nuestro proyecto sí o sí se va a debatir”, explicó Hernández en un video compartido a través de su cuenta de Twitter.
Para el senador, este proyecto es el más viable para cumplir la promesa de reducir el salario de los parlamentarios, dado que su aprobación requiere menos debates. Por ello, pidió a sus compañeros apoyar su iniciativa en los debates del próximo año. “Si en realidad quieren que hagamos esto realidad, únanse a mi proyecto, hagámoslo juntos y cumplamos juntos al país”, manifestó.
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