Soacha, un territorio de refugio para desplazados de todo el país y migrantes venezolanos

El municipio de Soacha ya no tiene fronteras claras que la dividan de la ciudad de Bogotá. Sus habitantes van y vienen a la capital diariamente, soportando el denso tráfico que se teje desde el corazón de la gran ciudad, hasta la periferia. Más de una hora de recorrido.

No es un barrio marginal, como algunos creen, es un municipio ubicado al sur de la Sabana, que desde finales de la década de los noventa se convirtió en uno de los principales municipios receptores de desplazados del conflicto armado, y que desde 2018 es el mayor receptor de migrantes venezolanos.

La Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano realizó la investigación, “Soacha, dulce y hostil refugio en Colombia”, en la que puso su mirada en las condiciones sociales de este municipio, el problema de las tierras y lo que significa para quienes, tras ser despojados de todo, buscan en este territorio un lugar digno para vivir.

De tierras áridas que dan vida a un paisaje rojizo y polvoriento sobre el que se levantan casas multiformes de ladrillos del mismo tono, Soacha es ruidosa y apretada. Su gente humilde camina por estrechas calles, mientras los carros se apiñan en las escasas vías modernas que la conectan con la capital de Colombia.

Hoy tiene 808.288 habitantes, según la proyección poblacional que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018, cuando se ejecutó el último censo nacional, en el que anunció que este municipio tenía entonces 660.179 residentes.

No obstante, Eleazar González Casas, alcalde de la época, se negó a aceptar la cifra y decidió realizar un censo “soachuno” con funcionarios del municipio para demostrar que allí vivían más de los que cabían. El conteo dio por resultado a 1.003.000 habitantes.

Desde finales de la década de los noventa, este es uno de los principales municipios receptores de desplazados del conflicto armado y, desde 2018, llegan frecuentemente migrantes venezolanos.

Ya desde la época de la violencia llegaban campesinos huyendo de las guerras que se acentúan en las ruralidades colombianas y que los dejan sin tierras, buscando un nuevo espacio, y por ejemplo esa es la historia de Altos de la Florida, ubicada en la Comuna 6 del municipio.

Un artículo de Colombia 2020, publicado en mayo de 2016, relata que Los ‘Tierreros’, por lo general vinculados a grupos armados no estatales que controlaban (y aún controlan) partes del territorio, aprovecharon la nula presencia institucional para vender las tierras de manera ilegal a los desplazados.

Con falsas promesas de compraventa engañaban a las familias de limitadas capacidades económicas. Los habitantes dicen que no era difícil conseguir un predio: lo vendían desde $200.000 y se podía pagar en cuotas o incluso se cambiaba por electrodomésticos”.

Hoy, tanto desplazados como migrantes encuentran en Soacha un espacio con costos bajos de vivienda. En 2017, cuando Colombia enfrentaba la primera ola migratoria de venezolanos, el valor del metro cuadrado para vivienda familiar era de 500 mil pesos, mientras que, para la misma fecha, en promedio el valor del metro cuadrado en barrios de estratos 1 y 2 en Bogotá era de 1.896.300 pesos, según resolución de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Soacha y Bogotá respectivamente. Estos costos confluyen en el mercado ilegal de tierras con precios que se acomodan a la economía de quienes llegan con muy poco o nada de recursos.

Ahora bien, de acuerdo con información entregada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entre 2005 y el primer semestre de 2022 llegaron a Soacha 40.090 personas desplazadas. Los periodos más críticos fueron entre 2005 y 2009, y entre 2013 y 2014, y ambos momentos coinciden con procesos de diálogos entre gobiernos y grupos armados ilegales.

Se estima que la mayor cantidad de población desplazada proviene de Tolima (8478), seguido de Valle del Cauca (6506), Huila (2438), Caquetá (2254), Antioquia (2110) y Meta (2074). También se registra población oriunda de Bolívar, Chocó, Cauca y Nariño, aunque en menor medida.

Así mismo, la población desplazada que ha llegado a Soacha es en un 50,1% masculina (20.088), 49,8% femenina (19.9476) y el 0,06% pertenece a la población LGBTI (26).

Para entender el panorama, basta con ver la cifra de menores de edad matriculados en colegios de Soacha. Revela que en las distintas instituciones se matriculan cada vez más niños y adolescentes migrantes. Las cifras van en aumento. En 2019 estaban matriculados 1.799 niños, para 2020 aumentó a 3.878, en 2021 subió a 4.639 y en 2022 la cifra llegó a 7.098.

Otra mirada es desde las afiliaciones de migrantes venezolanos al Sisbén. En 2017 estaban afiliadas solo 19 personas, pero el aumento en un año fue asombroso: en 2018 ya eran 295. Desde 2019, la cifra superó los mil, llegando hasta 1.661 en 2020. Sin embargo, desde 2021 empezó a bajar, hasta que en el 2022 se mostró una fuerte reducción al llegar a 924.

La recepción masiva de desplazados y de migrantes da lugar a grandes desafíos para un territorio que no tiene capacidad económica para atender a tantas personas que llegan buscando un nuevo comienzo y que cargan con el peso del desarraigo, la soledad y la pobreza cíclica.

Frente a este panorama, se evidencia que, pese a que en el país se ha avanzado en políticas para la población vulnerable, falta pensar también en términos geográficos, priorizando la entrega de recursos para municipios receptores. Si bien el país carece de políticas de ordenamiento territorial en línea con las condiciones demográficas de una región como Soacha, hay un marco normativo amplio para la población desplazada, pero no para la migrante.

Por lo tanto, es urgente que el Gobierno, en alianza con organismos multilaterales, ajuste políticas, de inversión social, que lleguen a quienes deciden cruzar la frontera.

Otro camino, que no desconoce los anteriores, es la armonización de las políticas ya existentes a través de su integrada aplicación. Esto supone, según Eloisa Vargas, analista de la Dirección de Territorios, de la macroterritorial Bogotá, Soacha y Sumapaz de la Comisión de la Verdad, superponer las capas del ordenamiento ambiental, demográfico y territorial, con las políticas de restitución y todas las políticas de víctimas para que, de esta forma, se pueda contar en Soacha con mejoramientos barriales, de vivienda, medio ambiente, entre otros.

Por último, el análisis del Politécnico propone la consolidación de un diálogo sinérgico del Gobierno nacional, departamental y municipal en procura de fortalecer a Soacha, dada su condición de municipio refugio.

Así mismo, precisó que es urgente para asegurar la calidad de vida y dignidad a sus habitantes, muchos de ellos víctimas del conflicto y migrantes, quienes a pesar de las condiciones de pobreza de este territorio, lo perciben como un dulce refugio en comparación con el sabor amargo que les deja el lugar del que llegan.

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