Ninguna de las partes en conflicto se salva de infracciones al DIH: ex comisionado Alejandro Valencia

Alejandro Valencia tiene más de 33 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos y la investigación en derecho internacional humanitario (DIH). Ha trabajado en comisiones de la verdad de Ecuador, Paraguay, Perú, Guatemala y fue uno de los expertos independientes de la CIDH para el caso de Ayotzinapa en México.

En Colombia asumió la tarea de recopilar las infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado. Todo ese trabajo le costó uno de los tomos más extensos del informe final, pese a las múltiples dificultades para encontrar datos consolidados. Habló con Infobae Colombia de las dificultades y los retos tras este informe.

En Colombia solo existen cifras consolidadas sobre violencia política y situaciones del conflicto armado sobre todo de la década de los noventa hacia acá. Encontrar cifras de los noventas hacia atrás es muy difícil, sobre todo cifras mucho más consolidadas, más serias. Ahí logramos hacer un esfuerzo y solo con muy pocas violaciones que son ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada se pudo incorporar esas cifras, pero, por ejemplo, encontrar cifras sobre tortura o sobre el secuestro, en la década de los setentas, de los ochenta, realmente es muy difícil, es decir, no había.

Un esfuerzo interesante que está en un caso en trasmedia, gracias al apoyo de unos estudiantes de la Universidad del Rosario, logramos hacer una base de datos interna sólo para poder cuantificar la detención y tortura en la época del Estatuto de Seguridad; y eso era revisando la revista Alternativa, revisando el periódico Voz, el libro negro de la retención del Comité de Solidaridad, es decir, porque no había bases de datos. Entonces es una primera dificultad que bien vale la pena destacar, que hace que contar con un registro más amplio, más completo de estadística, sea muy difícil.

No. Incluso la gran dificultad es que uno no puede ni hacer proyecciones, básicamente toca hacer un análisis más analítico, un análisis más cualitativo de las violaciones, pero a veces es muy difícil poder enmarcar la dimensión general de cada una de las violaciones o infracciones.

Establecer unas normas humanitarias mínimas entre las diferentes partes del conflicto siempre ha sido algo muy difícil en nuestro país. Establecer como una ética en el combate por parte de los diferentes actores armados sigue siendo un gran desafío. Ha tocado hacer un esfuerzo muy fuerte de conciencia, es decir, haciéndoles un llamado que efectivamente a los civiles hay que protegerlos, a los civiles no hay que involucrarlos en el conflicto armado, que hay medios y métodos de combate que definitivamente generan sufrimientos excesivos frente a las personas y eso no ha sido fácil. Poco a poco algunos actores empezaron a entender y a comprenderlo, pero otros no. Lo que nosotros llamamos secuestro, eso el derecho humanitario lo llama toma de rehenes y eso siempre ha estado proscrito por el DIH; pero el secuestro se convirtió en una forma de financiamiento de las organizaciones, entonces era muy difícil sacarlos de esa lógica. Yo creo que incluso en la actual persistencia del conflicto armado hay que seguir insistiendo en estas necesidades del derecho humanitario.

Definitivamente que el que esté libre de cualquier culpa que tire la primera piedra, como dicen por ahí coloquialmente. Ninguna de las partes en conflicto se salva de infracciones, de violaciones, es decir que definitivamente esa degradación atraviesa, transversaliza mucho la conducta de los diferentes actores. Obviamente unos más, otros menos; en algunas regiones más, en otras menos y eso también varía temporalmente, pero que de todas maneras sí hay unas persistencias muy fuertes en cuanto al cometer crímenes de esta naturaleza.

Uno puede señalar algunos elementos que incentivaron toda esta persistencia y degradación. Un elemento importante y muy relevante en nuestro conflicto armado definitivamente es el narcotráfico. Sobre todo porque permite obtener mucho dinero fácil y dinero para todos. Es decir, dinero para corromper a quien sea y obviamente eso se convierte en un círculo vicioso de alimentar la guerra, pareciera ser un muy buen negocio por todo lo que conlleva: mercado de armas, minería ilegal o con otro tipo de recursos, la extorsión, el chantaje y que eso permitía obtener dineros en cantidades muy relevantes. Se convirtió en un buen negocio para todos y ese es un elemento relevante para esta persistencia del conflicto armado.

Paradójicamente esta Comisión de Verdad nuestra no es una comisión de cierre de un conflicto armado. Las comisiones de verdad han trabajado cuando definitivamente las guerras no existen, ya no vuelven a haber hostilidades o la dictadura militar fue derrocada. En cambio a nosotros nos tocó trabajar en medio de esta persistencia. Se tuvo dificultades a veces en el trabajo regional, lo que tiene que ver con desplazamientos hacia ciertas zonas, hacia ciertas regiones; el interés de hablar con todas las personas tuvo algunos límites. Eso determinó que tuvimos que hacer un trabajo en muchas situaciones de muy bajo perfil, con mesura, con calma y pues sin poder definitivamente lograr esclarecer todas las aristas del conflicto nuestro.

Yo trabajé por ejemplo en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, también un conflicto armado muy largo, casi 36 años; pero pues allá definitivamente el conflicto se acabó. Cuando la Comisión trabajó no había actores armados, no había violencia política y eso permitió adelantar ese trabajo. Ver todos estos entramados tan complejos de este conflicto nuestro y que nosotros resaltamos mucho el informe a nivel de responsabilidades, en el cual las responsabilidades no son unívocas, que no sólo es el vínculo del paramilitar con el miembro de la fuerza pública, sino que también aquí es con el empresario, con el agente del Estado, con el narcotraficante, eso lo hace mucho más difícil. Allá a veces algunos de estos conflictos eran más blanco y negro o, por ejemplo; yo trabajé en Paraguay, un país donde hubo una dictadura militar, entonces era mucho más sencillo determinar ciertos elementos porque fue una gran represión desarrollada por la fuerza pública paraguaya contra la población civil; donde no había una verdadera oposición de otros actores.

Uno ve que la complejidad del conflicto nuestro, con tantas guerrillas que hemos tenido, diferentes grupos paramilitares, todo esto cómo va cambiando, evolucionando temporalmente, regionalmente; las alianzas cambian, se superponen, entonces hace que sea complejo, más no confuso. Quisimos subrayar que no podemos revolver la complejidad con la confusión y que de alguna u otra forma sí se puede hacer, a pesar de ello, mediana claridad sobre elementos centrales del conflicto armado de nuestra historia.

A uno le impresiona mucho que desafortunadamente en Colombia muchas de estas prácticas que desconoce los derechos humanos o el DIH se volvieron tan frecuentes, tan repetitivas que (una expresión que a veces no es la más alegre que uno pueda señalar), normalizaron mucho la violencia. En la Comisión nosotros evidenciamos que hay un porcentaje muy alto de la población que es muy indiferente frente lo que ha pasado en el conflicto armado. A la gente ya ver noticias de un desaparecido, de una masacre, se le vuelve algo muy común y se genera, digámoslo, una insensibilidad, una indiferencia que definitivamente perjudica que sea más difícil la superación de todas estas graves situaciones de derechos humanos y derecho humanitario.

Obviamente, cuando se cumplan los elementos de sistematicidad y generalidad contra la población civil. Pero el propósito nuestro no era entrar a hacer una calificación muy profunda que podría entrar en elementos más jurídicos o penales; nos centramos en un terreno más explicativo de las violaciones. Efectivamente, en Colombia muchas de estas conductas constituyen crímenes de lesa humanidad, no son actos esporádicos, no son aislados y obviamente ya corresponderá a revisar, a compilar esos respectivos elementos probatorios para dar las respectivas calificaciones, así como también se puede hablar de crímenes de guerra y eventualmente de otro tipo de conductas.

Habría primero que determinar qué se va a entender por alivios. No queda muy claro a qué se refiere, pero yo digo que todo tipo de acuerdo que, por lo menos en la práctica, ayude al mayor respeto de la población civil, a no involucrarla en el conflicto, a atenderle en sus necesidades, es bienvenido. Efectivamente sabemos que hay zonas actuales del país que están pasando por una situación muy difícil que precisamente se ve agravada por la presencia de actores armados y, si estos alivios tienen este propósito, bienvenidos; bienvenidos porque también es una manera de, con otro vocabulario, incentivar la aplicación del derecho internacional humanitario y eso es un camino que de alguna u otra forma puede facilitar acercamientos de paz y una solución mediada del conflicto armado colombiano.

Hay todavía bastantes asignaturas pendientes en las cuales se requiere ahondar. Esta fue una Comisión que salió con el acuerdo con la guerrilla de las FARC-EP, pero nosotros no pudimos desarrollar y fue muy difícil desarrollar un trabajo frente a las infracciones cometidas por el ELN y demás. Hay temas en los cuales todavía se amerita profundizar mucho, una de nuestras recomendaciones, por ejemplo, es precisamente constituir una comisión entre el esclarecimiento y la investigación para el narcotráfico, muy pensada y con un modelo similar a la de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, porque nos dimos cuenta que eso es un tema muy importante que se requiere todavía avanzar en la verdad. Llámese Comisión o tenga otro nombre, eso no es lo relevante, pero apuesta por la verdad, la memoria, son fundamentales que se sigan haciendo en el país.

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