Tres semanas después de que fuera aprobada la reforma tributaria en el Congreso de Colombia, el articulado todavía no ha sido sancionado por el presidente Gustavo Petro. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió al paso de las críticas por la demora este miércoles 7 de diciembre. Además, dio un tiempo tentativo para que el articulado reciba la firma del mandatario.
Según el artículo 166 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno tiene unos plazos fijos para devolver los proyectos de ley con objeciones o sancionarlo y promulgarlo. Si es un documento pequeño, con menos de 20 artículos, tiene seis días calendario. Si tiene entre 21 y 50 artículos, cuenta con diez días. Si son más de 50 artículos, tiene hasta 20 días.
En caso de que el Congreso entre en receso y no pueda estudiar las objeciones —como sucederá a partir del próximo viernes 16 de diciembre—, el proyecto de ley se debe sancionar sin cambios dentro de los mismos plazos.
Es poco probable que el jefe de Estado tenga alguna objeción sobre la reforma tributaria, dado que este es una iniciativa de su administración y duró tres meses en discusión: desde el 8 de agosto —el primer día hábil posterior a la posesión de Petro, cuando fue radicada con mensaje de urgencia— hasta el 16 de noviembre, cuando por fin se obtuvo el documento de conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes.
Los 20 días calendario después de la conciliación se cumplieron el pasado martes 6 de diciembre, pero el proyecto de reforma tributaria no ha sido sancionado. Para colmo, estaba presupuestado que sea vigente desde el primero de enero de 2023. Según lo que el ministro Ocampo le aseguró al informativo Noticias RCN, el articulado no se ha firmado porque todavía no está en el despacho del mandatario.
“Estamos esperando la firma de la reforma tributaria, como la de regalías, esperamos que este viernes pasen a presidencia de la República y por lo tanto sean sancionadas la semana entrante”, señaló el funcionario.
Artículos de reforma serán demandados
Dentro del documento aprobado por el Congreso se habla de una sobretasa del 3 % para las hidroeléctricas, 35 % para las plantas térmicas dentro de las zonas francas, además del impuesto a los hidrocarburos: 10 % a la producción del carbón y no deductibilidad en las regalías, entre otras disposiciones al petróleo.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) demandará jurídicamente dos o tres artículos de la iniciativa. La sobretasa a las hidroeléctricas les parece peligrosa: el Gobierno dice que quiere bajar el costo de las tarifas y las facturas de los usuarios, pero los impuesto que al final se le trasladarán al usuario.
“Nosotros creemos que además, por igualdad, uno no puede hacer discriminaciones. Ya la Corte Constitucional dijo que artículos como esos se han caído y pues nosotros estaremos defendiendo eso. Mientras esté vigente la reforma tributaria se paga lo que se deba pagar y hasta ese momento el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, estará tranquilo y puede que gane, pero yo creería que lo que mostró la historia es que ese artículo y dos más vamos a lograr que no tenga efecto”, anotó Sánchez.
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