El pasado 4 de noviembre se posesionó María Valencia Gaitán, nieta del asesinado caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, como la nueva directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad estatal que recupera, conserva y divulga las memorias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Un mes después, este 6 de diciembre, se conocieron las denuncias de víctimas pertenecientes a la fuerza pública contra la gestión de Valencia por una presunta censura a sus relatos, publicados en un micrositio en julio pasado.
Justamente, sobre los hombros de Valencia recayó la responsabilidad de rectificar la gestión del anterior director, Darío Acevedo, nombrado por el expresidente Iván Duque y acusado por su oposición —liderada por el hoy presidente, Gustavo Petro— de invisibilizar a las víctimas de acciones de la fuerza pública en favor de quienes hicieron parte de sus filas.
El pasado 29 de julio —una semana antes de que Acevedo presentara la renuncia a su cargo—, el CNMH de Acevedo presentó el trabajo Nuestra memoria cuenta, el resultado de tres años de investigación para recopilar testimonios de víctimas que hicieron parte de la Armada, el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, los cuales suman 403.352 de los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Único de Víctimas.
“Un soldado o un policía secuestrado, sufriendo vejámenes, humillaciones durante el secuestro, lo que está sufriendo es un crimen de guerra. Un soldado o un policía amputado por minas antipersonal: es un crimen de guerra, y los soldados y policías asesinados como lo estamos viendo recientemente son crímenes de guerra”, explicó Acevedo durante esa presentación.
Meses después, con el cambio de mando, Petro posesionó a Valencia y se refirió a Acevedo en estos términos: “Por esta institución pasó un señor que intentó borrar la historia, le encargaron, quién lo dijera, como en los tiempos de Stalin pero esta vez por la extrema derecha, la misión de borrar la historia, la misión de orar la carga de la exclusión, la carga de la mentalidad esclavista y de las élites que han gobernado a Colombia en la violencia”.
Sin embargo, quienes ahora señalan censura son las víctimas del conflicto que hicieron parte de las filas de la fuerza pública. Según lo que le contaron al diario El Espectador víctimas como Nelson Ramírez —soldado profesional víctima de una mina antipersona en 2008—, el micrositio que alojaba sus testimonios fue dado de baja y desestimado mediante comunicados de la entidad: estos decían que el trabajo no fue un fruto de investigación de memoria y que estaría manipulado por la fuerza pública.
“Nosotros no somos unas víctimas inventadas, ni libreteadas, como dice el CNMH en ese comunicado. Según ellos la fuerza pública nos libretea y es una estrategia de difusión para visibilizar a sus víctimas, pero eso no es así. Los relatos los contamos fuimos nosotros como víctimas, sin ninguna injerencia o aprobación de la institución”, dijo Ramírez al diario.
El escándalo llegó a oídos del propio Acevedo, quien aprovechó el río revuelto para defender su cuestionada gestión a través de su cuenta de Twitter: “ningún producto realizado en el CNMH fue eliminado de su página web durante mi gestión. Una vez son publicados deben ser conservados y distribuidos, y de ser necesario, reimpresos, si se agotan. Ninguna controversia, por razonable que sea, debe conducir a censura o prohibición”, aseguró.
El CNMH le respondió al diario que los contenidos del micrositio aún están disponibles en la página web de la entidad y que la baja es temporal, ya que el pasado lunes 5 hubo una reunión con este sector de víctimas para pensar en un rediseño que elimine los escudos representativos de la fuerza pública.
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