Robo a Centro Poblados: Defensa Jurídica del Estado revisará preacuerdos con la Fiscalía por el caso de corrupción

La directora de la Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, anunció el martes 6 de diciembre que revisará los preacuerdos de la Fiscalía, o sus aparentes borradores, con Emilio Tapia y Juan José Laverde, dos de los principales implicados en el caso de corrupción de Centros Poblados, con el que se perdieron 70.000 millones de pesos que estaban destinados para proveer de internet a los menores de edad de las regiones más apartadas del país, y pudieran estudiar de manera virtual, en época de confinamientos por la pandemia.

En esas negociaciones, de las que negó su existencia el organismo investigador, Tapia purgaría una condena de 55 meses de cárcel y devolvería 2.000 millones de pesos, un 2 % del millonario recurso que se señala que robaron, por aceptar los delitos de falsedad y fraude procesal, según estableció el periodista Daniel Coronell.

Mientras que Laverde, tendría que pagar cuatro años de prisión y devolvería 186 millones de pesos en el pracuerdo, informaron en la emisora Caracol Radio.

Por este último caso y otra negociación, la de Jorge Enrique López, otro de los denominados cerebros del desfalco, Zamora como apoderada del Estado colombiano, que fue declarado como víctima en el proceso penal, los revisará para que se garantice una verdadera reparación, no solo para las arcas nacionales, sino también para los menores a los que nunca les llegó el servicio.

“Todavía estamos en un proceso de diálogo. Pero lo que sí puedo decirles es que, el interés de la agencia en esta representación del Estado es lograr la reparación real y efectiva, concreta y que sea efectivamente dignificante para las víctimas que, en este caso, son los niños de los sitios más apartados del país”, citaron de las declaraciones de la titular de la entidad en la emisora La FM.

Sobre el preacuerdo de Tapia, Zamora reiteró que todo dependerá de la manera en que repare a todos los afectados, indicaron también en el medio radial.

“Esto es un principio fundamental, es ese respeto por la víctima por el daño causado (...) y por esa razón nuestra presencia como víctimas, así como de las demás presuntas víctimas que están allí en ese proceso, es fundamental ese paso por la reparación”, destacaron de las afirmaciones de la directora de la Agencia Jurídica del Estado.

Sobre los preacuerdos, en la Fiscalía General de la Nación negaron su existencia a través de una constancia que no se ha celebrado o concertado ese tipo de negociación con Tapia. En ese sentido, fue el propio director especializado contra la corrupción de la Fiscalía, Eduard Alirio Calderón, quien ratificó que era falso tal preacuerdo firmado entre ambas partes.

Pese a ello el periodista Daniel Coronell reveló unos audios en los que el procesado, implicado en otros casos de corrupción como el carrusel de contratos en Bogotá y en Cali, asegura que ya tenían acordados los términos de la negociación con Calderón.

Precisamente, aunque el mencionado funcionario de la Fiscalía negó la existencia del preacuerdo, en una entrevista con el periódico El Tiempo, Calderón afirmó que se trata de una propuesta de Tapia, donde colaboraría con la justicia juntando dos procesos en su contra, el de Centros Poblados y el de corrupción en las Empresas Municipales de Cali (EMCALI).

“A él se le acusó inicialmente por fraude procesal y falsedad en documento privado, y hace tres meses fue imputado por peculado, y también unas falsedades en el tema de Emcali, en una licitación por un proceso denominado Puerto Mallarino. Está en ese estado, se está evaluando por parte de la fiscal y su abogado la posibilidad de conexar para que quede en un solo proceso, y sea solo un juez quien pueda definir toda la situación”, afirmó en el diario bogotano.

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