Una de las propuestas más controvertidas recientemente por el sector opositor al Gobierno Nacional es la que plantea la posibilidad de que las personas que fueron capturadas por delitos cometidos en el marco de la protesta social queden en libertad para este mes de diciembre.
Según ha expresado el presidente Gustavo Petro, esta es una iniciativa que se plantea en la paz total que, desde su administración, desea alcanzar. No obstante, para cuestionar esta iniciativa, buena parte del sector de oposición se vale de que las personas permanecen en la cárcel están respondiendo por los delitos de gravedad que se habrían gestado en el marco de la protesta.
En medio de esta polémica, la exaspirante a la presidencia de la República, Ingrid Betancourt, le solicitó al presidente de los colombianos que aclare si su propuesta de dejar a estos jóvenes en libertad obedece a las negociaciones que adelanta el Gobierno Nacional con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), proceso que se lleva a cabo en la ciudad de Caracas.
“Interesante que gobierno @petrogustavo notifique si facilitar excarcelación de integrantes de la primera línea es condición en negociación de paz con ELN. La misma justicia denunció en su momento infiltración de ELN a esa organización, que fue parte de la protesta social (sic)”, indicó Ingrid Betancourt desde su cuenta de Twitter.
Por su parte, el presidente Petro dijo que, en total, le concedería la libertad a los 230 manifestantes que permanecen recluidos y por los desmanes que se dieron en medio de las protestas del paro nacional. Para otorgarles este beneficio, el mandatario expediría un decreto en el que entregaría estas disposiciones.
“Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”, señaló el presidente Petro el sábado 3 de diciembre.
Cabe resaltar que las personas que están vinculadas a las investigaciones que adelanta la Fiscalía son sindicadas de delitos como terrorismo, tortura y daños a la infraestructura pública. Estos acontecimientos se dieron en medio de las movilizaciones del 2021.
El argumento para dejar a estas personas en libertad es que se puedan establecer como gestores de paz en sus comunidades, a pesar de que no se tenga certeza de las labores que deban realizar.
Como se ha visto en estos días, la propuesta despertó el rechazo de un amplio sector, aunque también cuenta con el apoyo de algunos políticos. Recientemente, el senador Humberto de la Calle compartió un video en sus redes sociales en el que aseguró que no se deben suspender los procesos, sino que se deben considerar los vacíos que este tipo de propuestas pueda tener. Además, le sugirió al presidente tramitar su propuesta por medio del Congreso de la República, con el fin de que se pueda discutir a profundidad.
“Esas son personas que están siendo juzgadas, luego me parece que ahí hay un vacío en la argumentación del Gobierno, que es grave, y que debería remediarse, si el gobierno lo quiere, mediante una nueva discusión razonable en el Congreso. Creo que el Gobierno debe presentar un proyecto de ley específico para eso”, expresó el senador Humberto de la Calle.
Es válido resaltar que este no es el primer intento del Gobierno Nacional para buscar la liberación de los integrantes de la primera línea. En agosto del presente año, el senador Alirio Uribe lideró la creación de una comisión accidental en el congreso para supervisar los casos judiciales y ofrecer asesoría jurídica a los jóvenes capturados por hechos cometidos en el marco de las protestas.
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