Fiscalía descubrió un fraude en la misma entidad por $180 mil millones

Una licitación por cerca de 180.000 millones de pesos que tenía como objetivo “prestar los servicios de telecomunicaciones de red corporativa Wan-Lan, seguridad informática y videoconferencia” fue atajado por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades, pues una de las uniones temporales de las tres que se presentaron, UT Conecta 2022, causó sospechas por presuntas irregularidades.

La cuestión es que uno de los requisitos del pliego de licitación era la instalación de monitores de mínimo 55 pulgadas, led, y otros requisitos técnicos, pero, sobre todo, que cumpliesen con por lo menos 44 mil horas de vida.

UT Conecta 2022 presentó una certificación de uso y garantía expedida por una firma llamada LG Business Solutions el 11 noviembre, con la que aparentemente cumplía con los requisitos para quedarse con el contrato. Pero, en dicha acreditación se adjuntaban documentos supuestamente del fabricante LG Electronics que señalaban que los electrodomésticos tenían una vida útil de 40.000 horas en el que la Fiscalía encontró inconsistencias.

“Nos causa inquietud la veracidad de la misma, dado que cuando la UT Fiscalía Seguridad Integral revisó la opción de presentar su oferta con estos mismos monitores, no se podía garantizar el cumplimiento de las horas de vida de estos equipos, lo cual fue ratificado por medio de una certificación reciente la cual nos permitimos aportar como evidencia de esta grave inconsistencia”, dice un documento de la entidad conocido por la Revista Semana.

Para la Fiscalía no tenía sentido que los monitores tuvieran dos certificaciones diferentes que vanían de LG Electronics: la UT Fiscalía Seguridad Integral aseguraba que tenían una vida útil de 30.000 horas, pero UT Conecta 2022 decía que tenía una vida útil de 40.000.

Así que los investigadores preguntaron a diferentes proveedores el cumplimiento de tal requisito, y siempre recibió la misma respuesta: “no cumplen con la vida útil exigida de 40 mil horas, por lo cual, de inmediato, se solicitó rechazar la oferta de UT Conecta 2022″, según comentó Semana.

Pero para la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Fiscalía seguía siendo extraño que la misma LG Electronics emitiera dos certificaciones con dos conceptos diferentes. Así que envió un correo a la compañía y logró descubrir que la certificación en cuestión no fue expedida el 11 de noviembre, sino el 31 de octubre. Además, la razón social no era real, pues contenía la palabra BIC.

Por otra parte, el documento había sido escaneado por medio de la aplicación CamScanner, que se usa para convertir una fotografía en PDF, y la empresa explicó que para ello solo utiliza la red interna. Adicionalmente, Nicole Ramírez Rodríguez, la funcionaria que había firmado el documento, para tal fecha estaba incapacitada. En conclusión, la Fiscalía encontró que “buscan inducir en error a la entidad y obedecen a su afán de sabotear el proceso en curso a fin de que desemboque en una prórroga de su contrato actual”.

“La oferta de la UT Conecta 2022 fue rechazada en el informe de evaluación por hechos de inmensa gravedad. En efecto, tal como fue detectado y reseñado por la entidad en el informe de evaluación, el proponente anexó una certificación en la cual alteró la información de un fabricante sobre la duración de la vida útil de las pantallas, lo cual constituye una insubsanable caudal de rechazo y exige que se lleven a cabo investigaciones por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal”, agregó la Fiscalía además.

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