En Colombia debería seguir la fumigación aérea, según Congreso de Estados Unidos

Pese al apoyo de un sector de demócratas estadounidenses y a la solicitud de varios congresistas colombianos para que el Gobierno de los Estados Unidos detenga las fumigaciones aéreas, dos proyectos que podrían ir orientados hacia ese sentido fueron rechazados esta semana en el Congreso de ese país. Este podría ser un traspié en la política de paz total del presidente, Gustavo Petro, que depende de la voluntad del exterior para llevar a cabo su política contra las drogas.

A través de una enmienda presentada por Alexandria Ocasio-Cortez, del Partido Demócrata, se trató de incluir tres artículos relacionados con Colombia dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023. Uno de ellos consistía en extender el acompañamiento de Estados Unidos a Colombia para acciones unificadas contra el terrorismo y el narcotráfico.

El segundo buscaba prohibir el uso de dinero de los contribuyentes estadounidenses en actividades de fumigación aérea. “Ninguna de las cantidades autorizadas por esta ley o disponibles para el Departamento de Defensa durante el año fiscal se podrá utilizar para dirigir, fomentar, apoyar o contribuir a la ejecución de fumigaciones aéreas en cultivos de Colombia”, decía la sección 1051 del borrador. El tercer artículo buscaba que el secretario de Estado entregara un reporte desclasificado al Congreso de Estados Unidos con tres puntos principales.

El primero es documentar toda información recopilada desde 1980 hasta 2010 sobre la participación de la fuerza pública colombiana en asesinatos, desapariciones y colaboración con actividad paramilitar, así como la conducta militar en la iniciativa de las ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, y violaciones significativas a los derechos humanos resultado de la colaboración entre militares y compañías de seguridad privada.

En segundo lugar, ese reporte debía incluir un resumen de la colaboración entre los ejércitos de Estados Unidos y Colombia entre 1980 y 2010, específicamente en periodos de mayor colaboración y coordinación. En tercer lugar, debía incluir un análisis del aumento en apoyo militar desde Estados Unidos durante esos años: provisión de entrenamiento, logística y armas, así como el cumplimiento del Gobierno colombiano a la sección 620M de la Ley de Asistencia en el Exterior de 1961.

Cabe recordar que, pese a que Estados Unidos puede pagar por la fumigación aérea, en Colombia se restringió por varios años esta actividad gracias a una sentencia de la Corte Constitucional. La iniciativa de prohibir la financiación de estas aspersiones desde Estados Unidos ha pasado por el Congreso estadounidense desde hace varios años, pero es el propio Gobierno colombiano el que ha pedido mantener el apoyo, especialmente durante la presidencia de Iván Duque.

Un campesino de Valdivia, Antioquia, llamado Ramiro Sepúlveda, presentó una demanda en contra del Estado porque la finca de su propiedad, llama La Pradera, resultó afectada en uno de sus predios en medio de una fumigación con glifosato para erradicar cultivos ilícitos, pues dejó el pasto inservible para alimentar el ganado. Luego de una larga lucha en contra de un acto administrativo del Consejo Nacional de Estupefacientes, el Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deben indemnizarlo con más de 70 millones de pesos.

“Mató la planta mediante el secamiento de la misma manera lenta, comenzando por las hojas donde cayó la gota de veneno, continuando por el tallo y terminando definitivamente con el cultivo por la raíz, con lo cual el mismo jamás vuelve a pelechar”, explicó Sepúlveda al periódico El Espectador. El tribunal le dio la razón a Sepúlveda porque se acreditó que la aspersión con glifosato sí afectó los cultivos del campesino.

Para la liquidación se debe tener en cuenta que producto de aquella aspersión resultaron afectadas 70 hectáreas de pasto gramalote imperial y gramalote morado. Además, que el rendimiento del pasto equivale a un bovino por hectárea y que el valor de la leche debe corresponder a los precios del mercado en 2007, según las centrales de abastos más centrales a la finca La Pradera.

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